El sindicato critica que Gallardón trate de “esquilmar” este servicio público gratuito. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC–CCOO) de Melilla manifestó ayer su postura en contra de la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar el Registro Civil cediéndo su gestión al Colegio de Resgistradores. “Es un nuevo atropello en el ámbito de la justicia porque supone desmontar y esquilmar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará su interés particular y el beneficio a través del cobro de tasas que actualmente no existen”.
La FSC–CCOO recordó que el anterior Gobierno socialista aprobó la ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil para su modernización a través de la informatización y su accesibilidad electrónica, pero el actual Ejecutivo popular “ha decidido que no puede asumir el coste de la modernización y para ello, entregará a los registradores la titularidad y beneficios obtenidos a condición de su digitalización y modernización”, argumentó el sindicato.
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