La Fiscalía no ve delito en la instalación de una piscifactoría marroquí en Chafarinas

La Fiscalía de Medio Ambiente ha archivado unas diligencias de investigación por la instalación por una empresa española de unas jaulas de una piscifactoria gestionada por una compañía marroquí en las inmediaciones de las islas Chafarinas al no encontrar indicios de delito.

Tras practicar diversas diligencias el Ministerio Público ha constatado que las jaulas ancladas al fondo marino se encuentran fuera de los límites de 500 metros de delimitación de la Zona Especial de Conservación (ZEC), informa la Fiscalía General del Estado.

En todo caso la Fiscalía ha comunicado el archivo de las diligencias a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura español ya que según la ley de cultivos marinos es el organismo que debería aprobar y autorizar un proyecto como éste y por tanto le correspondería en su caso someterlo a la evaluación ambiental pertinente.

El Ministerio de Exteriores español envió en noviembre de 2021 una nota verbal de protesta a Marruecos por la instalación de la piscifactoría en aguas de las islas Chafarinas, de soberanía española, sin contar con los permisos necesarios para dicha actividad.

El Gobierno español comenzó entonces a tramitar las posibles sanciones correspondientes a la sociedad de Tarragona que se encargó de la instalación de las jaulas de la piscifactoría, gestionada por una empresa marroquí que contaba con los permisos del Ejecutivo de Rabat, que nunca ha reconocido la españolidad del pequeño archipiélago ni de las aguas circundantes.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía española concluye que no existen indicios de la comisión de una infracción penal al no haberse acreditado que se haya causado daño grave a un elemento que haya servido para determinar como tal un espacio protegido ni que se haya destruido o alterado gravemente su hábitat ni creado un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales.

Por ello la Fiscalía, que recuerda que la gestión del espacio protegido de las islas Chafarinas corresponde al Organismo Autónomo Parques Nacionales español, archiva las diligencias de investigación que abrió a raíz de una denuncia del diputado del PP por Melilla Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.