La Fiscalía General se escuda en un informe de la Guardia Civil para archivar la denuncia de la piscifactoría de Chafarinas

La Fiscalía General del Estado confirmó por escrito al diputado por Melilla Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que atendiendo a la información recabada por la Guardia Civil sobre la instalación de una piscifactoría marroquí en las inmediaciones de las Islas Chafarinas no se desprenden indicios de la comisión de una infracción penal.

Así consta en las diligencias de investigación en las que el fiscal de la sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, comunica al diputado popular el archivo del caso.

Gutiérrez Díaz de Otazu interpuso una denuncia ante la sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado explicando que en aguas adyacentes a la Isla del Congreso, uno de los tres archipiélagos que componen las Islas Chafarinas, de titularidad española, se habría procedido a balizar la zona y a la instalación en el perímetro de varias jaulas flotantes ancladas al fondo, que funcionan como piscifactorías.

Esto, en opinión de Gutiérrez Díaz de Otazu, podría dañar o poner en riesgo el hábitat protegido 1120 Posidonion oceanicae, señaló en referencia a las praderas de posidonia oceánica existentes en la ZEC-ZEPA Islas Chafarinas.

La denuncia ante la Fiscalía

A raíz de la instalación de la piscifactoría en Chafarinas, el pasado 3 de junio el diputado popular por Melilla presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, comprendidos en el artículo 325 del Código Penal.

En su escrito, Díaz de Otazu, que fue comandante general de Melilla, recuerda que las Islas Chafarinas son de dominio público afecto al Ministerio de Defensa, en cuyas islas la Comgemel mantiene una dotación permanente.

Además describe la piscifactoría instalada en Chafarinas como 16 jaulas flotantes circulares, colocadas en dos hileras, paralelas de ocho jaulas cada una, formando un recinto rectangular, balizado por boyas ancladas al fondo marino".

En opinión del diputado por Melilla, las aguas donde se instalaron las jaulas son de jurisdicción española y no existe ni licencia de concesión ni autorización administrativa para la instalación de la piscifactoría.

Tras practicar diversas diligencias el Ministerio Público ha constatado que las jaulas ancladas al fondo marino se encuentran fuera de los límites de 500 metros de delimitación de la Zona Especial de Conservación (ZEC), según informó la propia Fiscalía General del Estado.

Esta información no la tenía clara el Ministerio español de Asuntos Exteriores que en noviembre de 2021 envió una nota verbal de protesta a Marruecos por la instalación de la piscifactoría en aguas de las Islas Chafarinas, de soberanía española, sin contar con los permisos necesarios para dicha actividad.

En la declaración conjunta firmada por el presidente Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, el 7 de abril pasado, se incluyó en el punto número 6 de la hoja de ruta para el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países el compromiso de reactivar el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos. Pero no se habló en absoluto de las aguas de jurisdicción española en el Mediterráneo, concretamente en las inmediaciones de Melilla y las islas y peñones de titularidad española en el Mar de Alborán.

En estos momentos, los barcos con bandera española y amarre en Melilla están siendo sometidos a un estricto control por parte de las patrulleras marroquíes que no permiten ya que las embarcaciones melillenses pernocten en la costa marroquí o practiquen la pesca deportiva si no tienen permiso de pesca menor, algo que hasta 2020 se hacía sin que Marruecos pusiera pegas.

Al respecto, el diputado del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, presentó una pregunta en el Congreso para saber si el Gobierno de España tiene conocimiento de actuaciones militares contra barcos de Melilla.

Además, Gutiérrez Díaz de Otazu quiere que el Gobierno responda a tres cuestiones básicas: si conoce lo que está pasando con la documentación que exige Marruecos a los barcos de Melilla para poder navegar sin pernoctar en calas marroquíes y que nunca antes se había solicitado; si existe algún acuerdo o límite en el uso de Salvamento Marítimo y si tiene previsto actuar para proteger el derecho de los barcos de recreo de Melilla a disfrutar de las aguas españolas.

La respuesta del Gobierno

El pasado 7 de octubre el Gobierno contestó al diputado popular que la Autoridad Portuaria de Melilla no ha recibido ninguna comunicación directa de Capitanía Marítima, Guardia Civil o el Ministerio de Defensa sobre la creciente intervención de embarcaciones policiales y militares marroquíes en las inmediaciones del Puerto de Melilla, interceptando el tráfico de embarcaciones recreativas de ciudadanos particulares españoles, exigiéndoles trámites administrativos de carácter novedoso y aparentemente caprichoso, como planteó en su pregunta escrita el diputado popular el pasado 9 de agosto.

El 11 de agosto hubo alarma en Melilla cuando en medio de la tensión creciente entre propietarios de barcos melillense y patrulleras marroquíes, se vio en aguas cercanas a la ciudad al buque de acción marítima Furor de la Armada española, que muchos confundieron con un barco de guerra marroquí.

La Delegación del Gobierno tranquilizó a los melillenses escandalizados con la presencia de un barco de Marruecos tan cerca de Melilla, aclarando que se trataba de un barco de la Armada que se encontraba en aguas españolas haciendo "acciones rutinarias".

Sólo habían pasado dos días desde el registro de las preguntas escritas del diputado del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, en el Congreso, interesándose por las razones por las que de manera creciente "en frecuencia e intensidad las autoridades marroquíes vienen interceptando embarcaciones de recreo de propietarios españoles en las inmediaciones del Puerto de Melilla".

Esta situación de acoso a los barcos españoles ha ido a más y ha terminado con la detención de dos jóvenes de nuestra ciudad que la semana pasada fueron trasladados a la Comisaría del Puerto de Beni Enzar por pescar en aguas de Cala Blanca. La Guardia Civil no pudo hacer nada por ellos ya que el arresto se produjo más allá de los 500 metros de aguas españolas que Marruecos reconoce a Melilla.