La no aplicación del acuerdo con Marruecos para la repatriación de menores no acompañados es un asunto que preocupa desde hace tiempo a la Ciudad. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha insistido en numerosas ocasiones en que una de sus prioridades es intentar que éste se ponga en marcha. La Fiscalía General del Estado hace referencia a este asunto en su memoria anual, publicada ayer. En concreto, indica que la no repatriación de menores es “sobradamente conocida” en los países de origen de estos jóvenes y provoca “un efecto llamada” que hace que lleguen más niños. Precisamente, en nuestra ciudad, Ventura ha asegurado varias veces que no se puede asumir el incremento de niños de la calle. A 25 de agosto, en La Purísima había 465, una cifra muy por encima de su capacidad.
Ninguna repatriación
En la Memoria, la Fiscalía General del Estado indica que en 2015 “nuevamente” no se ha producido ninguna repatriación en nuestro país. Hace alusión a que la Fiscalía de Alicante ha puesto de manifiesto los perjudiciales efectos de la inexistente aplicación de esta figura al existir un grupo de menores que va en aumento y que, según esta institución, tiene familia en Marruecos y en Argelia que podría hacerse cargo de ellos. Señala que la falta de arraigo puede hacer que estos niños se encuentren en situación de riesgo en España.
De hecho, la institución alerta de que en Melilla se ha producido un “fortísimo incremento” de menores en riesgo, colectivo nutrido por los refugiados de origen sirio que genera cierta problemática. Indica, en relación al aumento de entradas, que han detectado en los centros de protección una “enorme saturación”.
Asimismo, alerta de que algunos de los menores sirios, especialmente los más pequeños, podrían estar siendo utilizados por algunos adultos para que se tramite su petición de asilo como núcleo familiar, aún no siendo realmente hijos suyos. Esto ha provocado que sea necesario verificar con pruebas de ADN el vínculo biológico de todos los acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Pruebas de ADN en Melilla
En este punto, la Fiscalía General del Estado apunta a la importancia que ha adquirido la realización de estas pruebas para la protección de los niños que cruzan nuestras fronteras. Indica que el año pasado el Cuerpo Nacional de Policía realizó 545 test de este tipo en nuestro país, de los que más del 83%, 455, se hicieron en nuestra ciudad con niños sirios acompañados de supuestos progenitores desprovistos de una documentación fehaciente que acreditase el vínculo.
Señala la institución que ante la sugerencia de que dejarse de hacerse estas, la Fiscalía de Melilla dijo que “se deberán seguir realizando todas las pruebas necesarias, en concreto las de ADN (…), por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados y las personas que digan ser sus familiares a fin de determinar su familiaridad; todo a fin de evitar en la medida de lo posible la comisión de delitos de trata”.
La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado indica que en el registro de menores extranjeros no acompañados a 31 de diciembre de 2015 se cifró en 3.341 los que había en España. El mayor número, 973, se encontraba en Andalucía, mientras que en Melilla había 759, la segunda cifra más alta, y proporcionalmente al tamaño de la ciudad y la población residente, un dato mucho más elevado que en de la comunidad andaluza. En Ceuta, la cifra es considerablemente menor que en nuestra ciudad. Allí había 198. Por otro lado, en el documento se hace referencia a la cifra de menores extranjeros no acompañados llegados a las costas españolas en pateras u otras embarcaciones durante el año pasado, un dato que e eleva hasta 414, un 85,6% más que en 2014. La mayoría, el 96,85%, eran chicos, y sólo 3,14%, es decir, 13, eran niñas. Señala que “no se disponen datos rigurosos sobre los menores que han entrado en el país a través de Melilla y Ceuta superando la frontera ocultos en vehículos de motor o por otras vías, como paso previo a embarcarse como polizones en buques con dirección a la península”.
La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado indica, en relación a los residentes en el CETI, que en torno a 35 personas, inicialmente consideradas como menores de nacionalidad siria y poseedores de pasaporte, comparecieron en Melilla ante la Fiscalía alegando que los datos de sus documentos eran falsos en lo concerniente a la fecha de nacimiento, siendo en realidad mayores de edad, un dato que hasta entonces habían ocultado para ser alistados en el servicio militar de su país en guerra. Tras realizarles los correspondientes estudios óseos se determinó que el 98% de los casos decían la verdad, es decir, que tenían más de 18 años. Por otro lado, señala hace referencia a la “sobreocupación” del CETI, con más del 80% de residentes integrado por sirios y sus familias. Los datos, eso sí, hacen referencia al año pasado.
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