Esta semana, Melilla ha sido noticia a nivel nacional a causa de un episodio protagonizado por un cargo público, pero dentro de su esfera privada.
Un vídeo que muestra al consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, accediendo a su hogar después de que un cerrajero abriera la puerta utilizando una radial ha circulado por televisiones y medios en Internet sacando de contexto las imágenes. Se ha afirmado que González entró de esa forma al domicilio de su mujer, de la que está en trámites de separación. Aunque es cierto que él ya no vive en esa casa, también lo es que no hay ningún mandato judicial que le impida entrar en la misma.
Si el consejero requirió la ayuda de un cerrajero, fue porque no disponía de llaves, al haber cambiado su esposa la cerradura. Y no hay que olvidar que acudió simplemente para recoger algunos enseres personales que, según él mismo afirmó en una rueda de prensa, llevaba tiempo reclamando a su cónyuge y le eran “necesarios” para el desarrollo de su vida personal y profesional.
Si estuviéramos hablando de una persona anónima, este caso no habría trascendido del ámbito familiar. Sin embargo, González es político, y ésa ha sido la causa de todo este revuelo mediático.
En países como el Reino Unido y Estados Unidos se mira con lupa la vida privada de sus cargos públicos. Se trata de una tradición arraigada allí, pero ello no significa que esa costumbre tenga que aplicarse en España, donde lo habitual es (o debe ser) separar la esfera personal de la profesional.
Las separaciones y los divorcios suelen ser situaciones traumáticas para quienes las sufren, y la mayoría no se resuelven de mutuo acuerdo. Según un estudio fechado en 2015 del Instituto de Política Familiar (IPF), siete de cada diez matrimonios que se celebran en España acaban en ruptura. El caso de Isidoro González es sólo uno más, pero ha saltado a la luz pública por ser él quien es.
A nadie que se haya visto en esa situación le gustaría escuchar comentarios de terceros sobre su vida privada. Y hemos de ser conscientes de que, en estos casos, los políticos tienen los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos anónimos.
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