La eliminación del rechazo en frontera

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Sánchez ha pactado con sus socios de Bildu establece como uno de sus puntos fundamentales que se elimine el rechazo en frontera de aquellos migrantes ilegales que pretendan entrar en las ciudades de Ceuta y Melilla saltando las vallas que fijan el perímetro fronterizo con Marruecos. O sea, que la Guardia Civil no podrá empujar hacia el vecino país a todos aquellos que pretendan entrar por la fuerza en territorio español que es, al fin y al cabo, lo que supone pisar suelo melillense.

El presidente autonómico, Juan José Imbroda, llamaba ayer la atención sobre este asunto porque se trata de algo de gran interés y preocupación para Melilla. Si los guardias civiles no pueden devolver a esos migrantes al lugar desde donde pretendieron acceder irregularmente a la ciudad, ¿para qué desplegarlos si se produce un intento de salto? Es decir, nuestra valla fronteriza se convertirá en una "fábrica" de inmigración hacia España y, no olvidemos tampoco, también al resto de Europa.

La desesperación de Sánchez por conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante, principalmente, unos próximos presupuestos generales del Estado está provocando un auténtico desastre en nuestro país. Al intercambio de "presos de ETA por presupuestos" también con Bildu, se añade esa reforma que hará inútiles unas vallas que, como dijo Imbroda, podrían cambiarse por cortinas ante la situación de coladero de inmigración irregular que van a suponer si esa norma prospera.

Aquí habría que saber qué es lo que piensan las autoridades europeas con respecto a esa política de brazos caídos que mantiene Pedro Sánchez con ese tipo de migración. En estos últimos días, el discurso de la Unión Europea dista mucho de la laxitud que tiene el Gobierno central con la llegada de estos inmigrantes.

Al contrario del mandatario español, los líderes de Europa apuestan por endurecer la política migratoria y seguir el ejemplo de países como Italia y Grecia, que consiguieron rebajar muy notablemente el porcentaje de entradas ilegales con medidas como instalar centros de deportación en otros lugares. Allí permanecen los migrantes hasta que se resuelven sus expedientes de expulsión.

¿Qué le va a parecer a Europa que España ponga una alfombra roja a las mafias y a estas personas que con solo solicitar el asilo pueden viajar y desplazarse libremente por todo el país e incluso pasar a territorio europeo?

La situación se presenta difícil y la alarma lleva tiempo sonando entre las filas del Partido Popular, cuyo presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya ha advertido desde Alemania que España está cada vez más sola en este asunto porque carece de una política migratoria concreta con la que abordar el problema. Los populares lo tienen claro: el migrante que venga de forma legal con el propósito de aportar y adaptarse a los usos y costumbres españolas, será bienvenido; el que llegue de forma ilegal, delinca o tenga antecedentes será expulsado.

Aquí de lo que se trata también es de intervenir en el foco del problema, que es la falta de oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en los países que originan las migraciones. Es imperativo que las naciones europeas inviertan en esos lugares, que hagan planes y financien el desarrollo que esas personas necesitan para no tener que buscar fuera de sus casas un futuro que se les niega tal y como está actualmente la situación en buena parte de África.