La deuda de 3.600 euros que le dejó el Gobierno del PP a La Taberna Andaluza

La Ciudad Autónoma se ha librado de asumir una deuda de 3.624,94 euros que el Gobierno del PP de Imbroda dejó pendiente de pagar al restaurante La Taberna Andaluza.

La sentencia del 5 de abril pasado, a la que ha tenido acceso El Faro, es firme y desestima el recurso contencioso-administrativo que interpuso el empresario Rafael Segura contra "la inactividad" de la Administración, que en el plazo de tres meses no contestó a su reclamo exigiéndole que le abonara esa deuda pendiente.

Segura presentó el recurso contencioso-administrativo el 15 de mayo de 2021 y éste fue admitido a trámite un mes más tarde. Finalmente el juicio se celebró el 24 de febrero de 2022 y a la vista oral llamaron a testificar a Alejandro Silva Córdoba, ex jefe de Gabinete de Presidencia durante el Gobierno de  Imbroda, que dijo en el juicio que no había estado en ninguno de los ágapes cuyas facturas, idénticas entre sí, reclama el empresario.

En el juicio quedó probado que con anterioridad a junio de 2019, el Gobierno del PP se dirigía al dueño del restaurante La Taberna Andaluza para organizar actos de catering para eventos protocolarios o de relaciones públicas.

Esto se hacía sin que mediara ningún contrato. Bastaba con una llamada del jefe de Gabinete de Presidencia, que hacía la reserva y luego se presentaban las facturas que para abonarse sólo necesitaban el visto bueno de este cargo de confianza y la firma de un director general.

El empresario entendió que si la Administración no le pagaba se estaba enriqueciendo injustamente al beneficiarse de unos servicios sin contraprestación. La Ciudad, por su parte, respondió que no le corresponde pagar esas facturas porque no consta en ninguna parte que se han prestado esos servicios. De hecho, llegó a negar la veracidad de dos cargos incluidos en la factura global.

Las dos partes reconocen que no hay vínculo contractual entre ellas de ahí que el empresario apele al enriquecimiento injusto, pero la Ciudad niega que esos servicios tengan relación con la actividad del Gobierno y el juez le da la razón al entender que representa "un dudoso atajo" que permite sortear los controles de la contratación administrativa.

De hecho, el juez Fernando Portillo se manifiesta a favor de no regularizar las irregularidades en la contratación pública a través de la intimidación de la Administración por la vía judicial y critica que hacerlo sería dar carta blanca a empresarios que voluntariamente se colocan en esa situación de forma complaciente y pensando en el beneficio propio, a sabiendas de que la Administración debe cumplir las formalidades de la contratación y eso excluye los acuerdos verbales.

Por tanto, el juez entiende que el perjuicio del empresario se subsana a través del procedimiento de la revisión de oficio que le permite exigir las indemnizaciones que procedan.

Y justo ésta fue la noticia del día en el pleno de control de ayer en la Asamblea porque la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, le soltó el bombazo a la bancada popular diciéndoles que tendrían que pagar a escote el dinero que se gastaron en karaoke y que deben al dueño de La Taberna Andaluza.

El diputado Manuel Ángel Quevedo aseguró a la prensa que al PP de Melilla no ha llegado ninguna reclamación del pago de facturas pendientes y Fadela Mohatar, por su parte, explicó que en los tiempos del Gobierno de Imbroda todos los gastos menores como comprar, por ejemplo, una grapadora se pagaban a través de la cuenta 413 a la que los ayuntamientos asignan los gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no tienen aplicación presupuestaria. Digamos que es un cajón de sastre que el tripartito cerró a cal y canto después de pagar una deuda de 87 millones de euros que le dejaron pendiente los populares, como denunció Aberchán en su momento.

Al parecer, el empresario de La Taberna Andaluza no es el único que se ha visto afectado por la desactivación de la cuenta 413 y son muchos más los que habrían acudido a los juzgados de Melilla para intentar conseguir cobrar los servicios prestados.

En definitiva, el empresario presta servicios que luego la Administración se niega a pagar si no hay contratos de por medio. Esa lección hay que aprenderla. Entiendo que después de esta experiencia, muchos se lo pensarán antes de aceptar encargos de boquilla, los pida quien los pida. Igual pensaban que el Gobierno de Imbroda iba a ser eterno, pero pasó lo que pasó. Cambió el Ejecutivo y, como es natural, todo el mundo quiere cuentas claras.

No sabemos cuántos empresarios están en esta situación. Pero sí sabemos que una deuda de 3.600 euros duele y bastante.