La Delegación firmará protocolos de actuación con diferentes áreas y entidades para extender el ‘Punto Violeta’

La Delegación del Gobierno en Melilla está trabajando para firmar diferentes protocolos de actuación con diversas áreas y entidades y extender así a diferentes puntos de la ciudad la campaña ‘Punto Violeta’.

Tal y como ha explicado la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, Laura Segura, “el objetivo es que, cada vez más lugares de nuestra ciudad sean espacios seguros contra la violencia de género”.

“Los Puntos Violetas son un símbolo, una señal para que las mujeres sepan que ese espacio, esa oficina o persona está a su disposición para escucharla y acompañarla, y que conoce los recursos de atención integral”, ha señalado.

Además, Segura ha dejado claro que también es un recurso informativo, “una guía para que el entorno de las víctimas pueden obtener información sobre cómo actuar”.

“El objetivo de la Delegación del Gobierno es crear entornos seguros para las víctimas de la violencia de género ya sea a la hora de hacer gestiones administrativas, a la hora de acudir a reclamar la prestación de un servicio, en los espacios de ocio y en cualquier actividad del día a día”.

Mediante estos protocolos que está ultimando la Delegación y que van a firmarse próximamente con diferentes entidades y organismos “lo que vamos a hacer es cumplir con el compromiso del Gobierno de España, poniendo recursos públicos a disposición de la igualdad y la lucha contra la violencia de género como la manifestación más terrible de la desigualdad”.

Segura ha recordado que el Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

Esta herramienta forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos Ministerios del Gobierno de España y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.