Los próximos planes de empleo de la Delegación del Gobierno reservan ya el 7% para las personas con discapacidad, tal y como establece la norma vigente. Ello, después de que el delegado de la ONCE, Carlos Gordillo, se reuniera con la delegada, Sabrina Moh, y se llegara a un acuerdo para que los puestos que se ofertan en los planes dieran cabida al mundo de la discapacidad. “No ha habido problema; todo lo contrario, ha sido magnífico”, apuntó.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la Ciudad Autónoma. Sus planes de empleo no observan desde hace dos años esta circunstancia que, por otro lado, es obligatoria por ley. “Contemplar ese cupo es positivo para la sociedad pero hay quien no lo ve”, se quejó para dejar claro que hace dos años que la Ciudad no toma en cuenta a las personas discapacitadas en los planes. “Hace dos años que no cumplen cuando la Delegación sí lo hace. Nos reunimos con la delegada, vimos los perfiles, las ocupaciones y concertamos un porcentaje, y está funcionando muy bien pero la Ciudad Autónoma se lo pierde y la discapacidad también”.
Carlos Gordillo manifestó que desconoce las razones por las que la Ciudad no cumple. “No entiendo ese paso atrás porque antes ocurría y se establecía el cupo. Serán otros los intereses que tiene la Ciudad Autónoma”.
No obstante, sí se han reservado puestos en la Oferta de Empleo Público del año 2022. Por ejemplo, en las plazas de administrativos que se cubrirá por el procedimiento de promoción interna, una irá para personas discapacitadas. En lo que se refiere a las vacantes abiertas, habrá un puesto de ordenanza para discapacidad intelectual, un auxiliar administrativo y un oficial de mercado-matarife para discapacidad.
Incentivos
El Estado tiene articulado un sistema de incentivos para la contratación de personas con discapacidad en el mercado laboral. Se trata de reducciones y bonificaciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social, tanto para trabajadores asalariados como por cuenta propia. También se contemplan ciertas subvenciones. Cabe resaltar que en 2021, la mayoría de los trabajadores con discapacidad tenían contrato indefinido, jornada completa y desempeñaban su labor en el sector de servicios.
Para Gordillo, lo que de verdad hace falta es que haya “una voluntad real de acercarse a las capacidades que tenemos”. “Somos una población con ganas de trabajar, con una capacidad productiva mucho mayor de la que se supone y nos atribuyen, y realmente somos capaces de aportar a la sociedad un plus que, en muchos casos, se los está perdiendo. Eso es lo más importante más que una cuestión de incentivación a las empresas”.
En cualquier caso, el mundo de la discapacidad defiende las ayudas y así lo dejó de manifiesto cuando hace aproximadamente un mes, el Gobierno intentó reducir los incentivos. “Tuvo la tentación de reducir las bonificaciones a las empresas y la verdad es que eso hubiera dado al traste con centros especiales de empleo y con gran parte de la población trabajadora con discapacidad”.
Lo importante, a su juicio, es que, al final y frente a la tentación del Gobierno, “hemos podido demostrar que nosotros somos rentables y, en consecuencia, no han tocado la ley pero la intención era reducir la bonificación”, explicó el representante de la ONCE.
Carlos Gordillo manifestó que lo que se demanda desde el mundo de la discapacidad es que los poderes públicos cuenten con ellos. “De discapacidad sabemos nosotros y les podemos ayudar”. A ese respecto, insistió en que siempre son partidarios de la colaboración. “No estamos para poner palos en la rueda sino para ayudar, para contribuir en la sociedad y en el PIB de España, como así hacemos”.
En definitiva, que los poderes públicos tengan claros dos puntos que calificó como básicos: “uno, cumplir la ley, y dos, tenernos en cuenta para todas las decisiones”.
María Dolores Arjonilla, de CERMI, se expresó en términos muy similares y pidió a las empresas melillenses que tengan en cuenta a las personas discapacitadas, además de mostrarse a favor de una ampliación de los incentivos.
