La defensa de Rachid Bussian denuncia que el auto de prisión era opuesto a principios constitucionales

La defensa del exconsejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, actual vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea, ha denunciado ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla que el auto de la juez titular por el que envió a prisión al cepemista "contenía en sí mismo una serie de pronunciamientos que, bajo una aparente racionalidad, entrañaba una interpretación legal absolutamente opuesta a los principios constitucionales que rigen la posibilidad de privación de libertad de cualquier persona".

La abogada de Rachid Bussian, Bárbara Royo, señala en su escrito de solicitud de la libertad provisional que su cliente venía sufriendo "una verdadera condena adelantada" que, en su opinión, constituía "una flagrante e intolerable vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales" que deben presidir cualquier proceso judicial, "máxime en toda causa penal".

Entre dichas garantías, Royo cita textualmente "la del inquebrantable y obligado respeto a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la igualdad de partes y a la libertad personal". "Todos ellos, sin excepción, están siendo gravemente vulnerados en el presente procedimiento", comenta la letrada.

Asimismo, asegura en su alegato que los delitos que se le imputan a Rachid Bussian "no son siquiera compatibles entre sí" y señala que la Audiencia Provincial de Málaga, aún ratificando la prisión de su patrocinado, "rechaza de plano" los argumentos de la juez instructora para decretar la prisión provisional sin fianza.

"La Sección Séptima de la Audiencia Provincial descarta tajantemente comento argumentos que justifiquen la privación de libertad, el riesgo de fuga, la situación geográfica de Melilla y todo lo relativo a pasaportes marroquíes o motos de agua, así como el peligro de destrucción de pruebas basado en supuestas presiones, alejando de las mismas a mi representado", dice textualmente.

De hecho, la Audiencia Provincial deja claro que el investigado "tiene nacionalidad española y acreditado arraigo personal, familiar y profesional en Melilla, ciudad donde vive junto a su familia (...) Es notorio que milita en un partido político, CpM, con fuerte arraigo  y representación en la ciudad desde hace más de 20 años".

La citada instancia judicial establece, en ese sentido, que "no se aprecia riesgo de fuga", si bien sí establece que podría producirse "en los momentos iniciales de la investigación en atención a la gravedad de las penas y que por sí solo justificaría la medida adoptada, conforme reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que admite que, al principio de la investigación, la gravedad de la pena pueda constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga".

Ante estos argumentos, la abogada Bárbara Royo comenta que en el momento de decretarse la prisión, "no nos encontramos al inicio de ninguna investigación sino que la instrucción lleva más de un año incoada".

Rachid Bussian salió de prisión sobre las siete y media de la tarde del pasado martes, junto a sus compañeros Hassan Mohatar y Dunia Almansouri. Los tres abandonaron el centro penitenciario entre aplausos de un numeroso grupo de personas que acudieron a las instalaciones para arropar y apoyar a los cepemistas.

Estos tres cepemistas, junto al presidente del partido, Mustafa Aberchán, y el otrora consejero de Distritos, Mohamed Ahmed, están acusados de los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la contratación pública, cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad documental. Los investigadores de la Policía Nacional entienden que todos ellos formaban parte de una red dedicada, básicamente, a la obtención de fondos públicos para financiar la compra de votos por correo con la idea de obtener una mayoría absoluta en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 que les permitiera gobernar la Ciudad Autónoma en solitario.