Casi tres cuartas partes de los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018, nacidos en el país, procedían de las ciudades de Melilla (26,9%) y Ceuta (46,2%), según evidencia un estudio del área sobre Terrorismo Internacional del Real Instituto Elcano.
Así, el libro Yihadismo y Yihadistas en España "Quince años después del 11-M" caracteriza a los condenados o muertos desde el año en que se perpetraron los atentados del 11-M en Madrid, prolongados tres semanas más tarde con un acto de terrorismo suicida en Leganés, hasta un año después de los atentados del 17-A en Barcelona, que concluyó en Cambrils a primeras horas del siguiente día.
Puntualmente, el análisis abarca a 215 individuos, 200 de los cuales fueron condenados en la Audiencia Nacional y 15 perdieron la vida -en las citadas Leganés y Cambrils, al igual que en Alcanar y Subirats- entre 2004 y 2018 como consecuencia de su participación en acciones de terrorismo yihadista.
No obstante, los expertos aclaran que hubo yihadistas vinculados con la radicalización violenta y el terrorismo global dentro de España que luego fueron condenados en países como Marruecos, Italia, Francia o Estados Unidos, o que murieron en zonas de conflicto como Afganistán, Siria o Irak.
Es importante recordar que los yihadistas se definen a sí mismos como musulmanes y comparten una visión "fundamentalista" y "belicosa" del islam. De igual forma, sus actitudes y creencias responden a la ideología del salafismo yihadista, que "justifica el uso de la violencia y el terrorismo contra no musulmanes o contra musulmanes a quienes niegan dicha condición".
De los 215 yihadistas detenidos o fallecidos en el periodo citado, los nacidos en España se limitaban a siete entre 2001 y 2011, pero eran casi siete veces más (47) entre 2012 y 2017.
El 51,3% de los individuos estudiados eran inmigrantes y un 43,5% pertenecía ya a las segundas generaciones (que nacieron o crecieron en España como país de acogida de sus progenitores) y casi todos descendían de inmigrantes llegados de naciones mayoritariamente musulmanas.
Del mismo modo, las localidades catalanas de Granollers y de Barcelona; Ripoll, en la provincia de Girona; y las ciudades de Melilla y Ceuta en mayor medida, son cuna de la mitad de estos yihadistas, residentes en España y adscritos al segmento social de las segundas generaciones, que además nacieron dentro del territorio nacional.
En tanto, según comunidad o ciudad autónoma de residencia, el 33,2% del total de condenados o muertos vivía en Cataluña; el 23,9% en Madrid; el 12,4% en Ceuta; el 9% en Andalucía; el 8% en Melilla; el 4,5% en la Comunidad Valenciana y el resto en otras autonomías.
Además, los yihadistas residentes en Ceuta y Melilla sobrerrepresentaban el 14,5% y el 10,8%, respectivamente, en relación al porcentaje de población musulmana o de origen musulmán de ambas ciudades.
Asimismo, los porcentajes por demarcaciones de detención o fallecimiento se corresponden en gran medida con los del lugar de residencia. Es el caso del 32,8% de Cataluña; el 22,6% de la Comunidad de Madrid; el 11,3% de Ceuta; el 9,7% de Andalucía y el 9,2% de Melilla. A la vez, hubo yihadistas detenidos en otras nueve comunidades autónomas, pero ninguna alcanzaba el 5% del total.
En ese sentido, el informe destaca el alto grado de penetración en las últimas dos o tres décadas de corrientes fundamentalistas del credo islámico entre la población de origen casi exclusivamente marroquí que vive en barrios de Melilla y Ceuta, en especial en el del Príncipe Alfonso y La Cañada de Hidum, respectivamente. Se trata de algo propiciado por las condiciones de segregación espacial y de marginalidad socialde estos distritos, a tenor con los especialistas.
Nueve de cada 10 yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018 eran hombres (90,7%) y tres cuartas partes tenían de 18 a 38 años (con una media de 30,9 años).
Si bien no aparecen mujeres entre los registros de 2001 a 2011, las féminas representaron un 14,7% de los 131 yihadistas detenidos o fallecidos entre 2012 y 2017. De ellas, sólo siete estaban casadas en el momento de ser arrestadas y seis tenían hijos.
Al respecto, cabe subrayar que uno de los dos detenidos con menor edad (ambos con 14 años) fue una española residente en Ceuta, apresada en agosto de 2014 en la frontera de Melilla con Marruecos y condenada en 2015 a 24 meses de internamiento en un centro para menores infractores por integración en organización terrorista.
Casi seis de cada 10 de los individuos condenados o muertos en España por su participación en actividades de terrorismo yihadista en el periodo aludido estaban casados (56,7%), y tres de cada 10 eran solteros (31,9%). Al mismo tiempo, un 7,2% se encontraba separado; un 3,6% en una unión de hecho y un 0,6% viudo.
De hecho, la mitad de los yihadistas que eran hombres casados tenía hijos (dos como promedio), por lo que los niños tampoco impidieron su participación en estas actividades y, si compartían la ideología con sus esposas, podían llegar a implicarse fuera de España. Tal fue el caso de una melillense arrestada en Turquía en abril de 2015, cuando iba a entrar a Siria con su hijo pequeño, obligada por su marido, un yihadista marroquí.
Asimismo, el 65% de estos yihadistas eran extranjeros, que en su gran mayoría se encontraban legalmente dentro del territorio nacional; y el 35%, españoles (tres veces más de origen que naturalizados). Un 26,4% era español de origen y un 8,6%, naturalizado español. Un 56,9% poseía la categoría de extranjero regularizado y un 8,1%, de extranjero irregular. El resto, era no residente. Sin embargo, llama la atención que el yihadismo en España es un fenómeno cada vez más asociado a españoles de nacimiento y menos a extranjeros.
La mayoría de los yihadistas condenados o muertos en España de 2004 a 2018 (40,2%) era de nacionalidad marroquí y el 42,7% había nacido en Marruecos. Por otro lado, el 33,2% tenía nacionalidad española; el 8,9%, argelina; y el 7%, paquistaní. El resto incluía a individuos de hasta 16 nacionalidades más, pero ninguna superaba un 2,3% del total.
Claro que este predominio marroquí se debe a que ese país norteafricano es la nación islámica geográficamente más próxima a España. En 2005, el 70,6% de los extranjeros residentes en España que procedía de países mayoritariamente musulmanes era marroquí y un 71,4% de ellos había nacido en Marruecos. Un década después y a pesar de que la inmigración procedente de Marruecos se vio reducida por la recesión económica, esas cifras se mantenían en el 67,9% y el 67,7%, respectivamente.
Los datos reflejan que el número de yihadistas condenados o muertos en España de 2004 a 2018 que nacieron en Marruecos, se duplicó a lo largo del tiempo. El 69,2% de ellos procedía de El Rif: el 59,7% de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas; el 13% de la Oriental; otro 13% de Rabat-Salé-Kenitra; un 5,2% de Casablanca-Settat; un 3,9% de Fez-Meknes y un 5,2% de otras regiones marroquíes.
Incluso se plantea que a finales de 2013 casi un 40% de los más de 800 yihadistas marroquíes que se habían trasladado ya como Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE) a Siria e Irak procedían de localidades marroquíes que circundan a Ceuta y Melilla. También hay que tener en cuenta que unos 30 integrantes de la red del 11-M eran principalmente de nacionalidad marroquí.
Si bien la media anual de yihadistas detenidos fue de 12 durante los nueve años anteriores al 11-M, superaba los 460 para 2011, para un promedio de 58. O sea, que incluso considerando que la lucha contra el terrorismo yihadista se intensificó desde la primavera de 2004 y que el Código Penal se reformó en 2010, "la amenaza yihadista persistió en España después del 11-M".
Es más, entre 2012, cuando se desencadenaron la guerra en Siria y revueltas en Túnez y Libia, y 2018, no menos de 420 yihadistas fueron encarcelados en España (una media de 60).
En lo que a su extracción religiosa se refiere, no todos los yihadistas condenados o muertos en España de 2004 a 2018 eran musulmanes de origen (90,2%), sino que uno de cada 10 era converso.
De igual manera, cuatro de cada 10 yihadistas caracterizados, sobre los que existe información, habían cursado estudios secundarios y un cuarto de ellos, estudios primarios. Un quinto de los mismos contaba con estudios superiores y, en contraste, la décima parte del total carecía de educación reglada.
Según la última ocupación que desempeñaron, un 22,5% de ellos yihadistas había trabajado como personal de servicios y un 16,6% como obrero. Mientras, el 12,8% eran estudiantes y el 18,2% no tenía ocupación conocida.
Igualmente, una cuarta parte (todos hombres) de estos yihadistas ya tenía antecedentes penales y solamente dos habían sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo.
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