La Comunidad Musulmana de Melilla, asociación liderada por el histórico Mohamed Ahmed Moh, ha presentado ante la Fiscalía un escrito en el que denuncia al presidente de la Comisión Islámica (CIM), Farid Amar, por posibles "irregularidades" en la gestión de dicha entidad. Por ese motivo, pide al representante del Ministerio Público en la ciudad que estudie los hechos y "se adopten las medidas que correspondan conforme a derecho" en el caso de que "se desprenda alguna actuación que pudiera ser constitutiva de infracción legal o de cualquier tipo".
Todo arranca de una reunión entre Mohamed Ahmed Moh y el imam de la Zawuia Cerro Palma Santa en la que éste le relata al primero que el presidente de la CIM le pidió seis mil euros para darlo de alta en la Seguridad Social y así poder pedir la reagrupación familiar que posibilitaría la llegada de su esposa, que reside en Marruecos.
El imam en cuestión, siempre según la versión de la Comunidad Musulmana, pagó dos mil euros y efectivamente se le dio de alta en la Seguridad Social, una situación que, en su opinión, podría evidenciar "irregularidades graves" en la gestión de las subvenciones públicas que recibe la CIM y que no debe destinarse a esos fines.
En consecuencia, la Comunidad Musulmana envió un escrito a Farid Amar solicitando que "en el plazo de 24 horas proceda a la devolución de la cantidad al imam afectado y se abstenga de exigir el resto del dinero solicitado; es decir, los cuatro mil euros restantes".
En la carta, esta asociación también le recuerda al presidente de la CIM que "se ha observado un desvío de fondos destinados al pago de la Seguridad Social de determinados imames con el objetivo de facilitar la obtención de tarjetas de residencia para sus familiares".
La respuesta de Farid Amar es que el imam de la Zawuia desmintió que se le hubiera exigido cantidad alguna por parte de la CIM. "Lo único verdadero es que está contratado y no ha cobrado porque no se ha liberado la subvención aprobada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y el Mayor".
La Comunidad Musulmana considera que ha habido "presión" sobre el imam, quien tendría la obligación de "no mentir", mientras cuestiona de dónde salió el dinero para la contratación y el alta en la Seguridad Social, además de considerar que ha habido "discriminación" en la contratación y se pregunta por el destino de los dos mil euros abonados.
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