La COA no ha tenido contactos con el Gobierno

Los directivos de la cooperativa que gestiona el transporte público de Melilla (COA) no han recibido llamada telefónica ni ha tenido contacto alguno con los miembros del Gobierno en funciones, a pesar de haber anunciado su intención de suspender el servicio a partir del próximo 1 de julio. Así lo ha asegurado a El Faro Antonio Montoya, miembro del Consejo Rector, cooperativista y tesorero.

La situación económica por la que atraviesa la COA es “insostenible”. Se le deben más de 1.1 millones de euros, 800.000 de los cuales corresponden a subvenciones no abonadas de los años 2022 y 2023 y el resto de las subvenciones que otorgó el Gobierno de Sánchez, un dinero que, según dijo, está en Melilla pero no se les ha pagado. Hay que recordar que esa ayuda permitía rebajar el precio de los billetes en un 30% y que concluye el próximo día 30 de este mes de junio.

Dadas las circunstancias económicas actuales, los 52 trabajadores de la COA irán al paro si la situación no se remedia antes del 1 de julio. ¿Qué harán entonces? Según Antonio Montoya, se plantarán en la puerta de la Ciudad Autónoma a “aplaudirle a los políticos” que entren y, sobre todo, al presidente en funciones Eduardo de Castro.

“Cuando se pare el servicios pues nos iremos a la puerta del Ayuntamiento y tocaremos las palmas. Otra cosa importante es que queremos pedir disculpas a todos los usuarios del servicio, porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando”, comentó Montoya.

La Ciudad Autónoma, sin embargo, tiene la obligación legal de prestar el servicio público de transporte como órgano municipal de una población superior a los 50.000 habitantes. No obstante, sigue sin tener regularizada la situación con la COA desde sus inicios en el primer tercio del siglo pasado.

Regularizar

De hecho, Antonio Montoya abogó por que se lleve a cabo una contratación mediante procedimiento de licitación pública en el que la cooperativa participaría. Sería la forma, dijo, de que se regularizara la situación del transporte público “como está en todos los lugares de España”.

Montoya explicó que hace cuatro años, los responsables de CpM y, en particular, el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, le comunicaron a la cooperativa la intención de sacar la licitación. Pasado el tiempo, en cambio, “seguimos igual que al principio”. Uno de los motivos es que pretendían hacer un contrato por 300.000 euros, una cantidad que está muy por debajo, según la COA, de los precios de mercado.

“Esos 300.000 euros están muy por debajo del coste del kilómetro, máxime si se quiere dar un servicio muy bueno y eficaz, con mayores frecuencias”, indicó.

Antonio Montoya insistió en que la COA quiere y es partidaria de la licitación porque la situación “no puede seguir así”. Es más, comunicó que por menos de 500.000 euros, el contrato sería inviable dado que la empresa ha ido sobreviviendo gracias a otros servicios que presta con el llamado “autobús blanco”.

Otro hándicap que se vencería en el caso de disponer de un contrato que regularice la situación es que no habría inconveniente en que el interventor de la Ciudad Autónoma firmara los pagos, algo que ahora se no quiere hacer al no existir una relación contractual documentada entre las partes. “Hay que regularizar esto como en cualquier otra ciudad de España”, se reiteró.

Los problemas económicos de la COA no son nuevos. A modo de ejemplo, Montoya anunció que el próximo mes de septiembre se celebrará un juicio en lo contencioso-administrativo después de que la cooperativa tuviera que presentar un recurso en 2018 por el impago del déficit de explotación en el que no hubo acuerdo por las partes. La COA reclama en ese contencioso unos 800.000 euros.

Finalmente, Antonio Montoya expresó su confianza en que alguien del Gobierno se ponga en contacto con ellos en estos días. “A ver si se lo piensan y en estos días alguien nos llama. A ver si se interesan por los ciudadanos que usan el transporte público”, concluyó.

Postura del PSOE

Por su parte, la líder del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, dejó este jueves de manifiesto sus buenas relaciones con la COA, con la que mantuvo acuerdos tanto en el área de Turismo como de Universidad. Rojas confesó que no tenía mucho conocimiento del tema porque es competencia de Medio Ambiente.

La vicepresidenta en funciones de la Ciudad Autónoma se limitó a señalar que todo está pendiente de un convenio que debe pasar por el Consejo de Gobierno para modificar y arreglar algunos aspectos del acuerdo alcanzado. “Creo que había una fecha cercana para convocar el Consejo en breve. Normalmente se convoca una vez a la semana. Ahora estamos en funciones y no es necesario, porque no hay cosas nuevas. Supongo que se hará uno extraordinario para esto”, razonó.

Rojas dijo que no había tenido contactos con los responsables de la COA. "Yo no me he puesto en contacto con ellos, pero imagino que el consejero sí, aunque desde el área de Turismo y Universidad siempre hemos tenido comunicación y los hemos apoyado, y ellos lo saben. De hecho, con Turismo se trabaja mucho desde la COA cada vez que viene un crucero o hay una visita turística. Para esta cuestión, no los he llamado, pero no tengo problema en llamarlos o que me llamen. Creo que el consejero sí se ha puesto en contacto con ellos".