Tribunales y Justicia

La Ciudad sólo podrá poner vigilantes de seguridad en los lugares que figuran dentro del contrato, según una sentencia

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales echó atrás, con fecha 10 de octubre, algunos puntos de los pliegos para la seguridad privada que la Ciudad Autónoma había publicado alrededor del mes de abril.

Todo viene de un recurso que pusieron todos los sindicatos que forman parte de ese comité de empresa –CCOO, UGT, CSIF, SIM y USTM- en manos del primero de ellos para encauzarlo así porque, de acuerdo con el portavoz del Sindicato Independiente de Melilla, Francis Aguilera, “no tenía sentido hacer cinco alegaciones diferentes”.

Aunque la sentencia también desestima algunas de las peticiones de los sindicatos, rechaza algunas de las condiciones que había puesto la Administración local. Dos son los más importantes. Primero, deja claro que la Ciudad sólo puede poner vigilantes en las dependencias que figuran en el contrato, “no como se está haciendo actualmente”, dice Aguilera, quien pone como ejemplo que hay servicios como el del faro, que no estaban en el contrato anterior, en el que se están haciendo servicios, mientras que en la Gota de Leche sí había un número de vigilantes que hoy ha desaparecido, precisamente porque se los han llevado al faro. “Lo que viene a decir esta resolución es que eso no se puede hacer y que solamente se pueden poner vigilantes en las dependencias que figuran en el contrato”, anota el representante del SIM.

Tampoco, deja claro la sentencia, puede la Ciudad cambiar los servicios a su antojo, por ejemplo, del Parque Lobera al teatro Kursaal-Fernando Arrabal.

Por estos motivos, sobre todo, los sindicatos pensaban que no se podía hacer y ahora quieren aprovechar la sentencia para demostrar que estaban en lo cierto.

Según Aguilera, lo que pretenden es que, si la Ciudad Autónoma quiere poner vigilancia en el faro, contrate nuevos servicios y, por tanto, a más personal, pero no cambiar a los trabajadores de un sitio a otro, porque “eso está prohibido”. Sí podría la Administración local, en cambio, mover a estos vigilantes de un emplazamiento a otro si se encuentran dentro del contrato. Así, si en el Parque Lobera hay dos vigilante por turno –mañana, tarde y noche- y en el Parque Hernández, uno, el Gobierno autonómico puede cambiarlos y poner uno por turno en el Parque Lobera y dos en el Parque Hernández.

Es decir, la sentencia permite a la Ciudad cambiar a los vigilantes de ubicaciones que se encuentren en el contrato, pero no crear ubicaciones nuevas, pues, para eso, estaría obligada a contratar más personal.

El otro gran asunto en el que los sindicatos han ganado la partida se refiere a las funciones básicas que se asignan a los vigilantes de seguridad, como el apagado de luces o el cierre de ventanas en según qué lugares. Si la ventana abierta está en el segundo piso, no es función de ellos, mientras que sí lo es si se encuentra en la planta baja y puede permitir el acceso no autorizado.

Nuevos pliegos

En cualquier caso, ninguna empresa optó a esos pliegos por las condiciones exigidas y quedaron desiertos, porque, según Aguilera, “estaban mal hechos, porque el coste del vigilante era inferior al que realmente es”.

Finalmente la Ciudad va a tener que hacer unos nuevos que se esperan para el mes que viene y para los que el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, aseguró a los sindicatos que se iban a tener en cuenta sus reivindicaciones. Pero, si los anteriores pliegos hubieran salido adelante porque alguna empresa se hubiera presentado y le hubiera sido adjudicado el servicio, la sentencia habría obligado a retroceder todo el proceso hasta el principio.

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