La Ciudad reclama al Gobierno central que construya mil viviendas al año

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha criticado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que la inversión prevista es insuficiente para responder a las necesidades reales de la ciudad. Según ha señalado, los 7 millones de euros asignados permitirían únicamente la construcción de tres viviendas de protección oficial al año, una cifra que, a su juicio, resulta claramente insuficiente frente a la demanda existente, que sitúa en torno a un millar de viviendas anuales.

En rueda de prensa, Imbroda expresó su malestar por la cuantía destinada a Melilla y cuestionó si responde a un error o a una falta de atención hacia la situación local. El presidente llegó a plantear irónicamente si el Gobierno está “tomando el pelo” a los melillenses o si “alguien se ha equivocado” al fijar esa asignación económica, mostrando así su desacuerdo con los criterios del reparto.

El dirigente autonómico contrapuso esta inversión estatal con el esfuerzo que está realizando la propia Ciudad Autónoma, que, según explicó, está construyendo con recursos propios cerca de una treintena de viviendas sociales. Esta cifra multiplica por diez la capacidad anual que permitiría el plan estatal, lo que, en su opinión, evidencia la escasa incidencia que tendría este programa en Melilla.

Imbroda también cargó contra lo que calificó de “triunfalismo” por parte del Ejecutivo central en la presentación del plan. Según detalló, el impacto real sería muy limitado, ya que durante cuatro años solo se podrían construir alrededor de una docena de viviendas, beneficiando a un número muy reducido de familias en una ciudad de unos 90.000 habitantes. “Estoy cabreado”, afirmó, al considerar que esta medida no refleja una preocupación real por colectivos como los jóvenes o las personas con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de críticas previas desde el ámbito político local al Plan Estatal de Vivienda, donde ya se había cuestionado la insuficiencia de la inversión prevista para Melilla. En este sentido, el presidente insistió en la necesidad de replantear las políticas públicas en materia de vivienda para adaptarlas a la realidad del territorio y dar respuesta a una demanda que, según reiteró, sigue muy por encima de los recursos actualmente disponibles.

La reclamación de Imbroda eleva así el tono del debate sobre la vivienda en Melilla y sitúa al Gobierno central ante una demanda concreta: aumentar la inversión para que la construcción pública responda a la falta de inmuebles disponibles.