La Ciudad no tiene responsabilidad penal con los niños de la calle si cumple todas las medidas

• Así lo afirma el fiscal de Menores, José Javier Huete, que señala que es muy difícil mantener en un centro a un menor que no quiere estar. Asegura que en 2016 hubo 6.000 reingresos en La Purísima

La Administración no tiene responsabilidad penal del daño que se infrinja un menor extranjero no acompañado, siempre y cuando haya cumplido con todas las medidas legales para su protección. Así lo afirmó ayer el fiscal Menores, José Javier Huete, que impartió una charla en nuestra ciudad sobre la función del Ministerio Fiscal en la determinación de la edad de menores.

Huete indicó la Administración es la tutora legal de los niños, aunque éstos no quieran ser acogidos, y apuntó que las actuaciones que los menores puedan realizar contra otros puede generar responsabilidades sobre la entidad. Sin embargo, precisó que si cumple con todas las medidas, no se le puede imputar una responsabilidad penal en el caso de que al niño le ocurra algo.

El fiscal señaló que es muy complicado que un niño permanezca en un centro de acogida si no quiere. Apuntó que, en el caso de Melilla, el año pasado se produjeron más de 6.000 reingresos en La Purísima, lo que demuestra lo difícil de la situación. Dijo que lo único que puede hacer la Administración es tratar de hacer el centro más atractivo para estos chicos, pero que no se pueden aplicar medidas coercitivas de la libertad.

Huete indicó que hay que analizar la situación de la misma forma que se haría con un niño nacional. Explicó que si un menor está fuera del las instalaciones de acogida, se comunica y se le devuelve al centro, pero que se trata de espacios abiertos y lo único que se puede hacer es abrir un procedimiento para comprobar por qué el joven no quiere ingresar en este lugar.

En este punto, el fiscal de Menores indicó que la mayoría de las quejas sobre maltrato a los niños en los centros que llegan procedentes de ONG u otras entidades son genéricas, pero apuntó que cuando hay hecho concretos, éstos son objeto de una investigación exhaustiva. Sin embargo, aseguró que,en la mayoría de los casos que se analizan en Melilla, no se puede demostrar que se haya producido un ataque. Precisó que si el menor le dice a un educador de una ONG que lo han agredido, pero luego niega este hecho ante la Fiscalía, resulta complicado acreditar que ha ocurrido y lo único que se puede hacer es aumentar la vigilancia si se produce otro caso.

Eso sí, Huete señaló que sí hay algunas actuaciones que se salen de la legalidad y que actualmente en Melilla hay procedimientos penales en marcha sobre asuntos de este tipo.

El fiscal apuntó que cuando el Defensor del Pueblo se dirige a la unidad coordinadora de menores sobre problemas en nuestra ciudad con estos niños, se realizan actuaciones en los centros y se revisan los protocolos para determinar si hay problemas. En cualquier caso, insistió en la dificultad de la Administración Pública cuando un menor no quiere entrar en el centro.

Huete indicó el problema de Melilla es fruto de la proximidad con un entorno con unas características muy determinadas, así como la llegada de chicos que llegan huyendo de conflictos, como es el caso de los sirios.

Colaboración con Marruecos para hacer atractivo a los niños estar con su familia

El fiscal de Menores, José Javier Huete, afirmó ayer que es muy complicado que se solucione el problema de los menores extranjeros en Melilla si no existe una colaboración entre las administraciones de uno y otro lado de la frontera. Apuntó que esta cooperación es imprescindible para lograr hacer atractivo a los niños estar con su familia, como mejor opción. Consideró que éste es el mejor entorno en el que pueden estar. No obstante, reconoció que esta colaboración es complicada en muchas ocasiones. Explicó que algunas veces resulta prácticamente imposible localizar a las familias de los niños, que es el primer objetivo de la Administración para garantizar la protección de estos chicos. Insistió en que no se puede retener a los niños que no quieren ser acogidos y dejó claro que no son admisibles las medidas coercitivas porque no son legales.