La Ciudad solo puede pagar una noche de hotel a los migrantes

La Ciudad Autónoma de Melilla ha pedido a la Delegación del Gobierno “una solución inmediata” para los 11 solicitantes de asilo acampados junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ya que solo puede ofrecerles cobijo por una noche en el hotel al que fueron trasladados este jueves.

La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha argumentado que la Ciudad Autónoma no tiene competencias para afrontar este gasto, pero decidió actuar “por una razón humanitaria al ver la tormenta bastante importante que había y que la Delegación del Gobierno no daba ninguna señal”.

Mohamed ha dicho no entender “cómo se pueden permitir estas circunstancias” por parte de la Delegación del Gobierno, que “teniendo un CETI habilitado para cientos de personas permite que haya once durmiendo en las puertas de estas instalaciones” que, además, se encuentran en una situación muy vulnerable y delicada.

A su juicio, la Administración central debería habilitar otras instalaciones si realmente no se puede acceder al CETI para dar una respuestas a situaciones como la de estos once solicitantes de asilo.

Además ha insistido en que la Ciudad Autónoma no puede hacer más aunque tenga voluntad de ello y ha señalado que no ha tenido contacto con la Delegación del Gobierno sobre este asunto, habida cuenta que no tiene competencias en materia migratoria.

No obstante, ha dicho tener constancia de que algunas ONG han intentado hacerlo “y no ha habido respuesta alguna” de la Administración central.

Reubicación

La Ciudad Autónoma de Melilla reubicó en un hotel a los migrantes solicitantes de asilo que permanecían acampados en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La decisión se tomó después de que las fuertes lluvias del jueves convirtieran la zona en un barrizal, dificultando su permanencia al aire libre.

Según informó el Gobierno de Melilla en un comunicado, el traslado fue llevado a cabo por la Policía Local bajo instrucciones de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública. La medida, argumentó el Ejecutivo local, responde a una “cuestión de dignidad y solidaridad”, a pesar de que la Ciudad Autónoma no tiene competencias en materia migratoria.

Los afectados, once personas de origen venezolano, colombiano y maliense, llevaban desde el domingo acampados a las puertas del CETI, sin ser admitidos en estas instalaciones gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta situación se produce tras la implementación de un nuevo sistema telemático de solicitud de asilo, impulsado por el Ministerio del Interior, que ha dificultado el acceso de los migrantes a recursos básicos.

El pequeño campamento improvisado por los migrantes, con tiendas de campaña proporcionadas por la ONG Mec de la Rue (MdLR), quedó completamente inundado por las lluvias. Al anochecer del jueves, la Guardia Civil se desplazó a la zona para evaluar la situación, y finalmente, la Policía Local procedió al traslado a un hotel de la ciudad, garantizando así su resguardo.

Desde el Gobierno de Melilla, su presidente, Juan José Imbroda, ha manifestado su descontento con la gestión del Ejecutivo central, calificando la situación como una “decisión inhumana” por parte del Ministerio de Interior. En este sentido, el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, señaló que la responsabilidad recae sobre el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en Melilla.

“Desde el Gobierno de Melilla siempre hemos estado dispuestos a colaborar con los más necesitados, pero no se debe confundir esa predisposición con quienes tienen la auténtica responsabilidad de resolver los problemas”, expresó Marín, acusando a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, de “dejación de funciones”.

Múltiples críticas

La gestión de esta crisis migratoria ha generado una fuerte respuesta desde distintos sectores. La Iglesia, a través de la Diócesis de Málaga, denunció públicamente la vulneración del derecho al asilo y expresó su solidaridad con los migrantes, asegurando que “merecen ser atendidos en condiciones dignas”.

Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda, subrayó que España tiene la obligación legal de brindar acogida a los solicitantes de asilo. “Es una barbaridad que estas personas estén viviendo en la calle, cuando nuestro país está absolutamente obligado por tratados internacionales a garantizar su asistencia”, sostuvo.

Nuevo sistema de asilo

El origen del problema radica en la reciente modificación del procedimiento para solicitar asilo en Melilla. Hasta hace poco, los trámites se realizaban de manera presencial, permitiendo un acceso más inmediato a los centros de acogida. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha implementado un sistema telemático, lo que ha dificultado el acceso de los migrantes a los recursos que antes se les proporcionaban.

Este cambio ha sido duramente criticado por el Gobierno de Melilla y por el Partido Popular, que lo ha calificado como una “barrabasada” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el PP, esta medida supone un castigo para los migrantes, dejándolos en una situación de desprotección.

Mientras el debate político continúa, la realidad en el terreno es que los solicitantes de asilo trasladados al hotel siguen sin una solución definitiva a su situación. La Ciudad Autónoma ha pedido al Gobierno central que asuma sus competencias y garantice una acogida digna, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

El traslado de los migrantes inadmitidos en el CETI a un hotel de Melilla pone de manifiesto las deficiencias en la gestión del asilo y la acogida en la ciudad. La falta de coordinación entre administraciones ha dejado a estas personas en una situación precaria, que solo se ha resuelto temporalmente debido a la urgencia generada por las condiciones climáticas.

Las críticas de la Iglesia, el sector jurídico y la política reflejan la magnitud del problema, mientras la incertidumbre persiste para los solicitantes de asilo que esperan respuestas del Gobierno central.