El Juzgado de Lo Social 1 de Melilla condenó solidariamente a la Ciudad Autónoma y a la empresa de Murcia Mantenimientos Terrestres S.L a abonar entre 1.283,49 euros y 7.438,32 euros a una treintena de socorristas que trabajaron en la temporada de verano del año 2021 y que no cobraron sus nóminas. Contra la sentencia, dictada el 27 de marzo, cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De hecho, la Ciudad ha recurrido. La mercantil no les pagó porque dijo que no tenía dinero para hacer frente a los sueldos, debido a que la Administración no le abonó las partidas contempladas en el contrato que le había adjudicado hasta más de un año después (en diciembre de 2022) cerca de la fecha de celebración del juicio. La sentencia absuelve a la Delegación del Gobierno, también demandada, "por falta de legitimación ad causam". O sea, por no tener responsabilidad en la prestación del servicio impagado. La empresa demandada no puso en duda en ningún momento el impago de los sueldos a los trabajadores. Por eso, el juicio se centró en dilucidar quién tenía que hacer frente a la deuda (la mercantil o la Ciudad) toda vez que quedó demostrado que el servicio de salvamento y socorrismo en temporada de verano depende de la Administración local. La Ciudad intentó hacer ver que se trata de una subrogación apelando a que había abonado a la empresa dos pagos de 28.400 y 176.332 euros, pero el tribunal consideró inaceptable "el blindaje" hasta el punto que tacharlo de "anti jurídico". La demanda fue interpuesta el 3 de enero de 2022 exigiendo el abono de los sueldos adeudados, más un 10% de intereses de demora. Hay que recordar que el conflicto con los socorristas estalló en septiembre de 2021 y terminó en la negativa de estos a prorrogar la prestación del servicio por lo que las playas de Melilla se quedaron sin personal de salvamento en el Día de Melilla de 2021. En esa jornada el litoral lució bandera roja. El presidente Eduardo de Castro, responsable de la concesión, pidió un informe después de que le paralizaran los pagos por desacuerdos con el interventor municipal. La Intervención municipal se negó a firmar el abono a la empresa al detectar presuntas irregularidades en el contrato.