La Ciudad atribuye el alza de los alquileres en Melilla a la falta de vivienda pública durante los gobiernos socialistas

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, ha achacado este jueves el incremento del precio medio del alquiler en la ciudad, actualmente situado en torno a los 750 euros mensuales, a los “siete años sin construcción de vivienda de protección oficial” por parte del anterior Gobierno socialista. Marín ha asegurado que este déficit de oferta ha generado una presión creciente sobre el mercado inmobiliario, provocando que los precios se disparen y dificultando aún más el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

“Este es el resultado de estar siete años sin poner un solo ladrillo en Melilla”, lamentó el dirigente popular, que señaló directamente tanto al anterior Gobierno local como al Ejecutivo central por no haber impulsado durante ese tiempo ni un solo proyecto de vivienda protegida. “Cuando no se construye nada y la población aumenta, la demanda sube y, por tanto, los precios también”, explicó.

Marín destacó que, desde la llegada del actual Ejecutivo del Partido Popular, la situación demográfica ha cambiado notablemente. Según dijo, “en los dos últimos años la población de Melilla ha aumentado en cerca de 2.000 personas”, lo que atribuyó a una mejora en la confianza ciudadana hacia las instituciones locales. Frente al anterior escenario de “desconfianza y huida”, el vicepresidente valoró positivamente que hoy haya más melillenses que quieren vivir en la ciudad. “Eso es un síntoma de que algo se está haciendo bien”, afirmó.

Sin embargo, advirtió de que el mercado de la vivienda sigue funcionando bajo una lógica estrictamente económica: “Si la oferta se mantiene estable y la demanda crece, los precios suben”. Para hacer frente a este problema estructural, Marín anunció que el Gobierno local ya ha puesto en marcha medidas concretas para revertir la situación.

Construcción de nuevas VPO y planes a medio plazo

El vicepresidente avanzó que este mismo año comenzará la construcción de 68 viviendas de protección oficial, repartidas en cuatro promociones distintas. Además, aseguró que ya se trabaja en la redacción de proyectos básicos y de ejecución para impulsar la construcción de más de 500 nuevas VPO a lo largo de la actual legislatura.

Marín subrayó que el proceso de construcción de una vivienda pública no es inmediato: “Desde que se toma la decisión política hasta que se entrega la llave pueden pasar entre tres y cuatro años”, explicó. Por eso, insistió en que lo importante es “activar ya” todo el procedimiento administrativo para que, aunque los efectos se vean a medio plazo, se garantice un aumento progresivo de la oferta de viviendas accesibles.

“Cuando tengamos más vivienda protegida en el mercado, tanto en régimen de venta como de alquiler, veremos cómo los precios comienzan a moderarse”, confió el vicepresidente.

Residencia universitaria: más oferta indirecta de alquiler

Otra de las medidas que, según Marín, contribuirá a aliviar el mercado del alquiler es la construcción de una nueva residencia universitaria con 225 plazas. El vicepresidente recordó que muchos universitarios que residen actualmente en pisos de alquiler podrán trasladarse a esta nueva instalación cuando esté operativa, lo que liberará un número importante de viviendas que podrán volver al mercado del alquiler general.

“La residencia universitaria permitirá que esos pisos que hoy están ocupados por estudiantes pasen a estar disponibles para otras familias o personas que buscan vivienda”, señaló. Esta actuación, en palabras del consejero, es una forma indirecta de aumentar la oferta y, con ello, contribuir también a estabilizar los precios.

Reforma y adjudicación de la actual residencia

Marín también anunció que ya se ha adjudicado la remodelación de la actual residencia universitaria a la misma empresa que actualmente la gestiona. Aunque aún no se ha fijado una fecha concreta de inicio, está previsto que los trabajos comiencen “en breve”, y será necesaria una paralización temporal de la actividad para poder ejecutar las obras con las debidas garantías.

“La empresa y los técnicos tienen claro que es inviable mantener la actividad durante las obras, por las molestias que conllevaría para los usuarios”, explicó Marín. En este sentido, señaló que ya se están evaluando soluciones para los residentes afectados durante el periodo de cierre temporal, aunque reconoció que las alternativas planteadas hasta ahora presentan importantes dificultades logísticas.

Marín concluyó su intervención reafirmando el compromiso del Ejecutivo melillense con el acceso a la vivienda y con el objetivo de ofrecer soluciones reales a un problema que lleva años sin resolverse. “El precio del alquiler no va a bajar por sí solo. Solo bajará si hay más oferta, y para eso estamos trabajando desde este Gobierno: para que Melilla tenga las viviendas que necesita”, sentenció.