Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) exigen al Gobierno de España y al de la Ciudad Autónoma que no otorgue ninguna subvención de cualquier tipo a las empresas y patronales que tengan bloqueados los convenios colectivos hasta que no negocien otro y actualicen las tablas las salariales, dicen el secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan A. Guerrero, y el actual secretario de Organización de CGT-A y anterior secretario general, Miguel Montenegro.
"Cuando la CEOE tiene paralizada la negociación colectiva y se niega a incrementar los salarios con una inflación que esta arruinando a las familias y cuando en Melilla es ya un problema endémico el tener bloqueado el convenio del metal desde hace 12 años", la CGT se suma a la reivindicación de Abderramán, Mimón y Ouviña que "sin negociación colectiva no hay subvención pública", manifiestan Guerrero y Montenegro.
El sindicato recuerda que, en la acción de todo Gobierno local, autonómico o nacional, su prioridad es y deben ser los ciudadanos. Junto a ello, las Instituciones públicas deben garantizar la defensa de los derechos constitucionales en general, y en materia de negociación colectiva particularmente, siguen diciendo los dirigentes de la CGT.
La CGT cree que a los empresarios que incumplen la obligación constitucional del derecho a la negociación colectiva, junto a lo ya establecido legalmente de no concesión de subvenciones a aquellos que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, también hay que negarles las subvenciones públicas por no tener el convenio y las tablas salariales actualizadas.
Así, consideran que el Gobierno de España y el legislador debería incluir desde el punto de vista social y laboral la obligación de contar con el convenio colectivo en vigor, y ello, para acceder a una subvención pública, e impedir el abuso y la dilación injustificada de bloquear un convenio como el de Melilla del metal, que lleva 12 años sin negociarse y sin actualizar tablas que en algunos casos está por debajo del SMI.
Como decía Abderramán, “no descubrimos nada nuevo si recordamos a todos que las relaciones laborales no son entre iguales, el desequilibrio es evidente entre quien tiene el poder y el dinero (el empresario) y el que solo cuenta con la mano de obra (el trabajador), y ahí es, donde las instituciones, el Ejecutivo y el legislativo nacional como factor de corrección, deben, al amparo de la Constitución, legislar para obligar al fuerte a negociar, y para que Melilla, ubicada en el continente africano, no esté sometida a la ley de la selva donde el más fuerte gana".
Desde CGT Melilla consideran, asimismo, que se produce una competencia desleal para con otros territorios sectores y empresas, por cuanto, vulnerando el derecho constitucional a la negociación colectiva a costa de llevar a la miseria los salarios de los trabajadores se compite empresarialmente, insisten Juan A. Guerrero y Miguel Montenegro.
Finalmente, como manifestaban Abderramán, Mimón y Ouviña, su lucha por la igualdad y contra la discriminación "es querer que todos los trabajadores de Melilla sean iguales al resto de los españoles y europeos que tienen convenio colectivo”, ratifican Guerrero y Montenegro.
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