La bombero afectada por la sentencia del TSJA recurrirá al Supremo

Las imágenes de los actos de reconocimiento donde Alba Rebeca de Juan, uniformada, dirigía discursos desde el atril oficial y recibía distinciones de manos de las autoridades de Melilla, y recibiendo el premio Lourdes Carballa, contrastan hoy con el aislamiento que describe en sus declaraciones.

Aquellos momentos ceremoniales, donde era presentada como un referente del cuerpo de bomberos y símbolo del avance de la mujer en profesiones tradicionalmente masculinas, quedan ahora ensombrecidos por una realidad judicial que ha transformado los aplausos en silencios. La primera mujer bombero de la Ciudad Autónoma, que un día representó la modernización y apertura del servicio de emergencias, se encuentra ahora enfrentando las consecuencias de un proceso selectivo que los tribunales han declarado viciado, viviendo lo que ella misma define como un "ostracismo" profesional y social.

La bombero, cuya plaza fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha roto su silencio tras conocerse la sentencia firme que confirma las irregularidades en el proceso selectivo de 2017-2018. En una entrevista, la funcionaria -que permanece de baja médica por ansiedad- ha aportado grabaciones de conversaciones que, según alega, demuestran la existencia de un "amaño" en las oposiciones para beneficiar a candidatos específicos.

Alba Rebeca ha manifestado que durante años desconoció las circunstancias reales de su aprobación. "Yo entré porque querían aprobar a más gente, sin saber que era yo", declaró, añadiendo que "después de un mes aprobada me intentaron echar".

Según su relato, el tribunal modificó los criterios de evaluación en múltiples ocasiones durante el proceso. "Se hicieron todos los cambios posibles porque sólo aprobaban dos y yo entré la última", explicó, detallando que inicialmente solo dos candidatos habían superado las pruebas psicotécnicas de las diez plazas convocadas.

La funcionaria ha denunciado que tras la publicación inicial de resultados, "estuvieron un mes intentando meter a otras personas, entre ellos los demandantes", en referencia a los opositores que posteriormente presentaron las denuncias que llevaron a la anulación de su plaza.

Grabaciones como evidencia

El elemento más controvertido del caso son las grabaciones de conversaciones privadas que la -todavía- bombera dice poseer. Según transcripciones a las que ha tenido acceso este medio, estas conversaciones incluirían admisiones por parte de miembros del tribunal sobre intentos de modificar resultados para beneficiar a candidatos específicos.

En uno de los audios, un interlocutor reconocería: "Se intentó que le dieran apto [a un candidato específico] y fue directamente: pues [ese candidato] no prueba esta tampoco, venga, ahora mismo, vamos a echarla fuera".

Las grabaciones también contendrían referencias a cambios de criterio después de conocer las identidades de los aprobados: "Cuando descubren los nombres es cuando ya no les gusta".

Según el relato de la afectada, las irregularidades se concentraron en las pruebas psicotécnicas, donde "las psicólogas se pelearon a muerte porque no querían aprobar a nadie más" tras los cambios solicitados por el tribunal.

La funcionaria ha descrito un proceso donde "el tribunal decidió bajar cortes, hizo una bajada de cortes en la que aprobaban 13 o 14, y en la segunda bajada que ya estaba propuesto todo (...) a última hora el tribunal decide bajar el último criterio".

Esta versión coincide con los patrones identificados en la jurisprudencia sobre irregularidades en oposiciones de bomberos, donde las modificaciones de criterios durante el proceso constituyen una de las principales causas de anulación.

Alba Rebeca ha denunciado la falta de apoyo de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el proceso judicial. "Ni siquiera la Ciudad Autónoma presentó el recurso que debería haber presentado", declaró, añadiendo que "tenían un informe que decía que yo era tercera de buena fe y no hicieron recurso".

La clasificación como "tercera de buena fe" implica, según explicó, que "no tengo nada que ver con los cambios, o sea, que no se me ha hecho ningún trato de favor".

El caso ha tenido un impacto devastador en la funcionaria, que lleva meses de baja médica por ansiedad. "Me da vergüenza salir con uniforme en la calle", confesó, describiendo el daño social que le ha causado la controversia.

"El daño que se me ha hecho socialmente me parece catastrófico", declaró, añadiendo que "no me voy a quedar veinticinco años de mi vida con esta cruz".

Agotar las vías judiciales

Alba Rebeca de Juan ha confirmado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, con la determinación de "agotar todas las vías" para mantener su puesto. Según la resolución judicial, este recurso de casación estaría "limitado exclusivamente a las cuestiones de derechos" y debería fundarse en "la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea".

"Puedo hacerlo, pero creo que se tendría que repetir toda la oposición", declaró, aunque mantiene la esperanza de que el recurso le permita conservar su plaza sin necesidad de volver a pasar por el proceso selectivo completo.

Este caso se enmarca en una problemática más amplia de irregularidades en oposiciones de bomberos que ha generado decenas de sentencias adversas en toda España. Solo en Cataluña, las irregularidades similares han costado más de 5,7 millones de euros en indemnizaciones y costes procesales.

Las alegaciones presentadas requerirán verificación judicial independiente, respetándose la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas en el proceso.