La AUGC describe la realidad oculta del control marítimo

Yamal Al-lal, responsable de la organización en Melilla, alerta sobre infracciones ocultas, falta de medios y un conflicto territorial que España ‘no puede seguir ignorando’

El responsable de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla, Yamal Al-lal, criticó en declaraciones exclusivas la grave situación de descontrol que vive la vigilancia marítima en la ciudad autónoma, revelando un panorama de infracciones sistemáticas, medios insuficientes y un conflicto territorial con Marruecos que sitúa a Melilla en una posición de total desamparo institucional.

Las declaraciones llegan tras la entrada en vigor de la nueva normativa sobre seguridad marítima para motos acuáticas de recreo, publicada en el BOME el pasado 15 de julio por la Capitanía Marítima de Melilla, que establece restricciones de navegación y prohíbe la salida de las aguas territoriales de la ciudad autónoma. Al-lal fue contundente al describir la realidad oculta del control marítimo: “Lo que no se ve es la cantidad de infracciones que se suelen cometer por la vigilancia marítima.

Hemos tenido un problema muy gordo con la inmigración. Se ha estado intentando ocultar, de alguna manera, la vigilancia marítima”. El responsable sindical alertó sobre la proliferación de embarcaciones que evaden los controles: “Las motos de agua son muy... hay muchas motos de agua y se camuflan, se intercambian, es mucho más complicado de controlar que las embarcaciones.”.

Una de las revelaciones más impactantes se refiere a la precariedad de medios humanos. Al-lal explicó que “se refuerza otorgando a los guardias civiles la posibilidad de renunciar a las vacaciones de verano”.

Y es que, tal y como asegura “Hay muchos compañeros que en verano quieren trabajar porque sus vacaciones las prefieren disfrutar en octubre o noviembre, fuera de lo que es el 20 de junio al 15 de septiembre”, justificó, aunque reconoció que se trata de un parche ante la falta de personal permanente. En cuanto a medios materiales, Al-lal fue igual de claro: “Lo que realmente hace falta son embarcaciones adecuadas. Y de momento, las embarcaciones que hay, creemos que no son las suficientes. Porque hay muchas que se averían continuamente y tienen muchas horas de navegación”. El responsable de la AUGC reclamó “personal permanente destinado a ampliación del catálogo de puestos de trabajo” y “que se incentive a las unidades económicamente”. Conflicto territorial “Marruecos interpreta que Melilla no tiene aguas.

No tiene aguas. Pero nosotros sí consideramos que tenemos aguas jurisdiccionales desde el origen norte al nivel sur”. Así de contundente se muesta el responsable de la AUGC al hablar sobre la estrategia expansionista marroquí: “Marruecos está ampliando las aguas territoriales más allá. Estamos viendo que quiere tirar hasta más allá del mar de alguna manera”.

La declaración más impactante ha llegado al abordar el desamparo institucional de Melilla: “En realidad, a nosotros no nos puede amparar nadie. No nos ampara la Unión Europea porque no somos considerados territorio europeo. Somos considerados terreno africano”. Control inmigración Al-lal reveló graves deficiencias en el control fronterizo: “Si una embarcación entra aquí desde Marruecos, y cuando vuelve, vuelve igual solo o con otra persona.

O si van dos personas, vuelve con una persona diferente. Porque no hay un control de cuándo salen, cuántas personas salen”. “Cualquiera lo que ve es que salen dos personas. Pero no sabe la identidad de las dos personas. Así que es verdad que a la vuelta, el control se hace sobre esas dos personas”, explicó para poner en evidencia las limitaciones del sistema actual.

En definitiva, las palabras del responsable sindical reflejan una realidad que trasciende lo meramente administrativo: la combinación de recursos insuficientes, tensiones territoriales con Marruecos y la presión migratoria constante configuran un escenario complejo que requiere una respuesta integral. La denuncia del representante sindical no solo visibiliza las carencias operativas de la Guardia Civil, sino que plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para garantizar la seguridad en una de las fronteras más sensibles de Europa.

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