La Asamblea sigue sin poder actuar sobre los diputados en prisión

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Melilla todavía no ha enviado a la Mesa de la Asamblea de Melilla el informe sobre la situación en la que se encuentran cuatro de los cinco diputados de CpM que fueron detenidos en la operación Santiago-Rusadir, dos de los cuales, Rachid Bussian y Dunia Almansouri, están en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La vicepresidenta primera de la Mesa, María José Aguilar, ha asegurado a El Faro que no ha recibido respuesta después de que se le enviara al citado Juzgado melillense un escrito con el objetivo de que se tuviera conocimiento oficial de unos procesamientos, detenciones y autos de prisión que solo se conocen a través de los medios de comunicación.

Fue hace ya tres semanas cuando la Mesa de la Asamblea decidió remitir una solicitud de información al juzgado para tener conocimiento oficial de los hechos que han sucedido hace casi un mes.

La reunión de la Mesa tuvo carácter de urgencia y se celebró el pasado día el 6 de este mes de marzo, veinticuatro horas después del inicio de la operación Santiago-Rusadir. Durante aquella jornada se produjeron los primeros registros y detenciones, entre ellas las de los diputados cepemistas Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Fatima Kaddur y Cecilia González.

Lo que pretende la mesa es conocer por conducto oficial la situación procesal de estos diputados con el fin de establecer si es o no de aplicación el Reglamento de la Asamblea en cuanto a un hecho insólito en la vida política de la ciudad y que no es otro que dos diputados en ejercicio estén ingresados en prisión.

Precisamente uno de los dos encarcelados, Rachid Bussian, es miembro de la Mesa en su calidad de vicepresidente segundo y, lógicamente, no pudo asistir a la sesión urgente en la que se adoptó el acuerdo de dirigirse al juzgado. Solo estuvieron presentes el presidente, Juan José Imbroda, y la vicepresidenta primera, María José Aguilar, además del secretario.

La petición al juzgado está relacionada con la posibilidad de adoptar "el acuerdo que administrativamente proceda"; es decir, alude María José Aguilar al artículo 20 del vigente Reglamento de la Asamblea en el que se plantea la posibilidad de suspender como diputados a quienes se encuentren en situación de prisión preventiva y mientras dure dicha situación.

Dos de las diputadas sobre las que la Mesa ha solicitado al juzgado información oficial de su situación procesal, Fatima Mohamed Kaddur y Cecilia González, sí han acudido a las dos sesiones plenarias celebradas en estas últimas tres semanas tras haber quedado en libertad provisional tras comparecer ante la juez que entiende en la causa.

Hay que recordar que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla levantó el pasado martes parte del secreto de sumario de la operación Santiago-Rusadir, que investiga presuntos delitos relacionados con la corrupción en el Gobierno de Melilla de la anterior legislatura.

Los hechos que se investigan en esta operación podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude en la contratación pública, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.