CCOO aseguró ayer que es el momento de que la Asamblea acuerde un documento para exigir a las empresas, que se benefician de las bonificaciones fiscales de Melilla, que paguen el plus de residencia y la parte proporcional de las cuotas a la Seguridad Social a sus trabajadores. El sindicato destacó que ya hay un Gobierno central estable y se podría incorporar esta reclamación a dichos negocios a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La idea que propone este agente social es que los diputados se acojan al artículo 26 del Estatuto de Autonomía y, de esta forma, elaboren dicho escrito. Una vez alcanzado este acuerdo, se puede incluir en los PGE como una disposición adicional para que de alguna forma esté legislado este asunto.
CCOO aseveró que cada día llegan empresas de la península que se hacen con contratos de la Administración y, mientras se benefician de estar en la ciudad, no abonan a los trabajadores estos pluses o cuotas que les corresponden por vivir en Melilla.
Asimismo, en dicho documento tendría que recoger que las empresas que no deseen realizar estas aportaciones a sus empleados, dejen de tener bonificaciones fiscales por estar en la ciudad.
Por otro lado, el sindicato explicó que, como gran parte de las empresas foráneas que se están instalando en Melilla, no reconocen estas aportaciones a sus trabajadores, algunos negocios melillenses se están planteando dejar de abonar estas cuotas a sus empleados. CCOO aseveró que denunciarán estos casos porque son derechos adquiridos para estos ciudadanos que no pueden perder.
Perjuicio para los negocios con sede en Melilla
El sindicato afirma que las empresas que no pagan el plus de residencia o las bonificación a la Seguridad Social a sus empleados tienen una ventaja a la hora de ofrecer un servicio en una licitación pública. En concreto, puede reducir su coste en hasta un 13% respecto a otros negocios. CCOO aseveró que los empresarios melillenses sí estan pagando esas bonificaciones a sus trabajadores porque fue un acuerdo local. Añadió que si la Administración local no interviene en este asunto, las grandes perjudicadas serán las empresas melillenses porque no pueden competir con las bajas ofertas que ofrecen otros negocios foráneos. De ahí la insistencia de CCOO en que haya una legislación donde esté recogido este asunto.
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