La Asamblea amplía las competencias al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

El pleno extraordinario de este martes comenzó lamentando otra víctima de violencia de género el pasado 17 de octubre cuando una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja sobre la que pesaba una orden de alejamiento. Pese a ello, el individuo la agredió brutalmente hasta causar su muerte. La víctima era madre de una niña.

Hasta la fecha son ya 28 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1.282 víctimas desde 2023.

Tras el minuto de silencio, se procedió a la celebración de la sesión plenaria que contó con siete puntos en el orden día. El primero de ellos fue la aprobación del acta de la sesión anterior que fue aprobada por mayoría absoluta.

El segundo de los puntos fue el relativo a la firma del convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Melilla por el cual se atribuye al Consejo la competencia para resolver las reclamaciones previstas en al artículo 24 de la ley 19/2913.

Respecto a esta ratificación, El diputado del Grupo Mixto, José Miguel Tasende, afirmó “estar de acuerdo” con la firma, aunque matizó que “la ciudad pasa por un número de reclamaciones tramitadas. Es decir, los costes son variables y es un pago anual lo cual significa, además, que los intereses en cantidad pequeña van a correr a favor de la ciudad y significa que la revisión de estos expedientes los tramitará un órgano altamente especializado, que también la Ciudad lo sería, pero esto supone que no se ponen en manos de un tercer particular, o cosas parecidas. Lo que me parece peligroso es que los plazos se cumplan”.

Pero la intervención de Tasende no se quedó sólo aquí, afirmando que “en esta línea de fomento de la transparencia y el buen gobierno, y estando inmersos en escándalos de corrupción con gran repercusión y referidos a los dos grandes partidos debemos recordar que también los partidos pequeños de alcance local son susceptibles en malas prácticas. Desde Vox proponemos la creación de una oficina independiente anti fraude”.

Con relación a este tema, el portavoz de Somos Melilla, Amín Azmani manifestó que: “hay que tener en cuenta que la decisión del Consejo de Transparencia agota la vía administrativa, pero no es vinculante. Es decir que al ciudadano la única vía que le resta es el contencioso administrativo al que casi nadie recurre y les planteo esta cuestión porque los datos son bastante graves y contundentes”.

“La Ciudad Autónoma casi nunca responde y el silencio administrativo es el que prevalece. Por ejemplo, el año pasado prácticamente el 60 por ciento de las solicitudes ciudadanas no fueron contestadas por esta Administración. Estamos haciendo una dejadez de funciones considerable en una Administración con miles de empleados públicos. Es preocupante que, al final, este convenio prácticamente no responda a la petición de agilidad que los ciudadanos demandan”.

En este sentido, Azmani echó en cara al Gobierno de la Ciudad la falta de transparencia en la información “que tienen que cumplir ustedes para garantizar la transparencia y que, sinceramente, la incumplen de manera reiterada. Cada vez que a un ciudadano no se le contesta y recurre nos cuesta una media de 192 euros que pagamos al Consejo de Transparencia. Un gasto que se lo debemos a la Ciudad cuando no responde".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, Marta Fernández de Castro, respondió que: “¿usted está o no de acuerdo con este convenio? este convenio tiene una potestad que dice que será el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el que tiene la competencia para contestar salvo que en este caso la Administración Local disponga de una órgano propio. Este convenio se celebra desde el 2016 prorrogable de manera anual. Nunca se han manifestado al respecto salvo ahora que lo traemos a este pleno para mayor transparencia. Creo que el tiempo de contestación se ha reducido al máximo y como ya he dicho, en diferentes comisiones, la Administración Pública tiene la obligación de resolver todos los recursos y lo estamos haciendo desde que estamos en el Gobierno”.

Al diputado por Somos Melilla, Amín Azmani, no le satisfizo la respuesta e hizo hincapié en que “de 105 solicitudes en 2023, por ejemplo, 54 no ha contestado la Administración y estas cifras son similares en 2016, 2017 y 2018, y sinceramente desde este partido nos parece alarmante que si nos solicitan documentación en virtud de esa transparencia, la Administración no sea más ágil”.

Una vez más, la consejera Marta Fernández Castro replicó al portavoz de Somos Melilla que “tenemos comisiones ordinarias todos los meses a las que usted se puede dirigir y nosotros les aclararemos todas las dudas"

Finalmente, la moción fue aprobada con los votos a favor del PP, PSOE, Grupo Mixto, el diputado no adscrito, Javier da Costa, y la abstención de CPM.