La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) insiste en que, como quedó “demostrado” en la investigación de Lighthouse Reports y de la BBC, al menos uno de los inmigrantes que murieron durante el 24J lo hizo en suelo español, así como que, según las imágenes del documental de la cadena de televisión -que luego rectificó su relato- sobre el salto, la gendarmería marroquí entró durante horas a territorio español para realizar devoluciones en caliente “sin ningún tipo de garantía para las personas migrantes”.
En su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023, presentado en Sevilla el pasado día 20 de marzo, la asociación dedica el sexto capítulo a lo que titula ‘Melilla: la praxis de la necropolítica de la Unión Europea’.
En este sentido, el informe recuerda las palabras de la comisaria europea de Interior en 2013, Celia Malmström, cuando, tras aparecer entonces 366 cadáveres en Lampedusa (Italia), aseguró que “esta no es la Europa que queremos”. A día de hoy, sin embargo, de acuerdo con los autores del informe, “la política migratoria de la UE sigue siendo una necropolítica”. El texto critica el “proceso de externalización de fronteras” abierto por la UE, que fía la entrada de los migrantes de la frontera sur a otros países, lo que no hace, en opinión de los autores, sino “incrementar la peligrosidad sobre las personas que migran desde el África subsahariana”.
La “tanatopolítica”
Tras recordar también el caso del Tarajal en Ceuta (2014), presente en informes anteriores, esta “tanatopolítica” suma en España otro episodio con el 24J del año pasado en Melilla, dice el informe, que recuerda que, de las alrededor de 2.000 personas que intentaron entrar en España por la frontera del Barrio Chino, la mayoría procedían de Sudán, Sudán del Sur y Chad, países en conflictos bélicos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “y, por ende, con la necesidad de ser personas susceptibles de reconocimiento de protección internacional”.
El informe recuerda algunas cifras: 134 personas se quedaron en Melilla y 470 fueron expulsadas a Marruecos “en una devolución en caliente, masiva, sin preguntar si eran menores de edad o personas demandantes de asilo a sabiendas de que procedían de zonas en guerra. Al menos, 37 personas murieron y 77 continúan desaparecidas varios meses después. Según la Asociation Marocaine des Driots Humains (AMDH), serían 73 personas fallecidas, 322 heridas y 77 en paradero desconocido.
“Durante estos meses hemos observado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitando a los cuerpos y fuerzas marroquíes y españolas por su actuación, hemos escuchado cómo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mentido una y otra vez en el Congreso afirmando que no hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional”, explica el informe, donde se lamenta que el ministro no ha dimitido ni se ha retractado de sus declaraciones pese a las investigaciones de Lighthouse Report y de la BBC.
“Impunidad”
Según el informe, “la consecuencia de esta masacre ha sido la impunidad para España y Marruecos” mientras que, por el contrario, 13 personas que intentaron el salto fueron juzgadas por las autoridades marroquíes. Todo ello se produce mientras “las personas muertas, heridas y desaparecidas no han sido honradas ni ha habido una reparación de las víctimas por parte de ninguno de los gobiernos ni de la UE”.
En cuanto a los supervivientes del episodio, “poco se sabe, únicamente que fueron desplazados a miles de kilómetros de la frontera después de los sucesos y los que consiguieron entrar en el CETI no se tiene constancia de que hayan sido requeridos para colaborar en las investigaciones abiertas por las autoridades de ambos países”.
El informe de Apdha incide también en que la Fiscalía abrió una investigación sobre lo ocurrido en Melilla “para posteriormente cerrarla con premeditación el mismo día de inicio de las vacaciones de Navidad y sin ningún resultado tangible”. Según los autores del informe, el motivo es que la Fiscalía depende del Gobierno, por lo que de nada ha valido “la constante lucha de la Defensoría del Pueblo por indagar sobre lo sucedido realmente y depurar responsabilidades”.
El texto señala “la extrema gravedad de los hechos que sucedieron: la dureza con la que se empleó la gendarmería marroquí, el abandono durante horas de los cadáveres y de los heridos a la intemperie, el trato deshumanizador hacia las personas migrantes heridas o asesinadas, la agresión a las personas migrantes por parte de la Guardia Civil, la vergonzosa impunidad de ambos gobiernos y de la UE y la tibieza con que los partidos políticos han afrontado la masacre de Melilla”. Todo ello indica, lamentablemente, que “todas las vidas no cuentan igual ni importan lo mismo” y que “el respeto a los derechos humanos solamente se aplica a los que se parecen a nosotros”.
La actitud de Marruecos
El informe se refiere también a la relación de los hechos acaecidos aquel día con la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid, con la posibilidad de que se tratara de una acción orquestada por Marruecos para presionar a la UE o si tenía que ver con el resultado de la Reunión de Alto Nivel (RAN), que Pedro Sánchez citó como el comienzo de una nueva etapa en la relación bilateral entre los dos países.
Para los autores, los hechos son “claros” y demuestran que, durante días, se estuvo hostigando a los migrantes en las inmediaciones de Nador para que se marcharan. Se quemaron sus enseres y se les dejó sin provisiones para intentar que se marcharan hacia el sur y el sureste del país. Sin embargo, añade el texto, “la falta de alternativa propició un intento de salto de valla que podría haber sido controlado antes de llegar al Barrio Chino por la gendarmería sin que les pillara por sorpresa” y gracias a que la Industria del Control Migratorio (ICM) ha dotado a Marruecos de los más modernos sistemas de vigilancia.
Cesión a países no democráticos
En este sentido, el informe resalta que, independientemente de la motivación del Gobierno marroquí, “no se puede ni debe obviar que la masacre de Melilla es una consecuencia de la externalización de las fronteras europeas, donde el control de la inmigración ha sido moneda de cambio con países como Marruecos, Libia y Turquía”. Así, se critica que se ceda este control a “gobiernos no democráticos que no respetan los derechos humanos y que no están comprometidos moral ni jurídicamente con los tratados internacionales, como aparentemente sí lo están los países europeos”. Son países que, a cambio de ejercer de guardianes en el control de la inmigración, obtienen fondos europeos en concepto de cooperación al desarrollo y “gozan de impunidad y del beneplácito de los europeos”, asegura el informe, que concluye indicando que, “en resumen, estamos en manos de tiranos en lo que a política migratoria europea se refiere”.
