Así lo dijo el delegado Escobar al excluirse de la misma a un representante gubernamental.
La decisión del Gobierno local de excluir de la Comisión de Patrimonio a un representante de la Delegación del Gobierno en su seno no ha sentado nada bien y ayer fue el delegado Gregorio Escobar quien anunció que esta medida “se ha puesto en conocimiento de la Abogacía del Estado para que haga un estudio de hasta qué punto se ajusta a la legalidad esta decisión”.
En este sentido, consideró que el hecho de que la Comisión no cuente con representación gubernamental “es una medida absolutamente impresentable e injustificable” y abogó porque todas las instituciones de la ciudad puedan “hacer una labor conjunta y coordinada en materia de urbanismo y patrimonio histórico y artístico de Melilla donde el Gobierno central tiene mucho que decir”.
Incomprensible ausencia
Por ello, el delegado del Gobierno en la ciudad consideró que la decisión del Ejecutivo de Juan José Imbroda da muestra de que “en algunas cuestiones no tiene ningún interés de colaborar y en garantizar la participación institucional en este caso del Gobierno de la Nación”.
Por último, Escobar dijo entender que “privar de la presencia del Gobierno de España en la Comisión de Patrimonio no puede justificarse con un argumento razonable porque el trabajo que se hace se hace es en favor del urbanismo y el patrimonio histórico artístico de Melilla”.
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