Justicia abre una vía digital que permite saber cómo va el desarrollo de un proceso

• La sede electrónica se usará en Melilla, Ceuta, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia

El Ministerio de Justicia habilitó ayer la Sede Judicial Electrónica para que los ciudadanos puedan establecer contacto directo con la administración y conocer cómo va el proceso judicial en el que esté inmerso. Tanto las personas físicas como las jurídicas podrán recurrir a esta comunicación disponible en los ámbitos competenciales del Ministerio de Justicia, es decir, en Melilla y Ceuta, además de las comunidades autónomas de Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

El servicio será gratuito y estará disponible todos los días del año, las 24 horas, tal y como puntualiza Justicia en el comunicado con el que dio a conocer este nuevo mecanismo.

La comunicación del ciudadano con la administración de justicia se enmarcará en aquellos procedimientos que no requieran abogado, procurador o graduado social.

Las autonomías con competencias en el área de Justicia deberán concretar a través de sus sedes electrónicas o portales, o bien “como consideren oportuno”, estos cauces de comunicación con el ciudadano.

Un ciudadano, por tanto, podrá por ejemplo, gracias a la Sede Electrónica, presentar demandas en reclamaciones de deudas dinerarias según el proceso monitorio, o recibir notificaciones, así como consultar el estado del procedimiento judicial en el que está incurso.

Según explica Justicia en el comunicado, para las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica los actos de comunicación se remitirán a través de la Dirección Electrónica Habilitada que proporciona el Ministerio de Hacienda. Es un servicio gratuito que se ajusta a la confidencialidad y privacidad debidas.

El Ministerio concluye que en 2016 se llevaron a cabo 73 millones de comunicaciones electrónicas.

Además, la novedad presentada ayer por el Ministerio que dirige Rafael Catalá forma parte del Plan 2015 para acelerar la entrada de las gestiones con la justicia en entornos digitales. Cuenta con un presupuesto de 56 millones de euros.