El juez ve “contradicciones” en la causa de la breve duración de los contratos

• Seis acusadas afirman que se debía al volumen de trabajo y a que esperaban que la Ciudad creara plazas

Después de que declarase María Antonia Garbín, consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015 y principal acusada en el ‘caso Abogados’, lo hicieron cinco funcionarias de la consejería. Todas ellas coincidieron con Garbín en que se formalizaban contratos de entre cuatro y seis meses de duración porque había un “gran volumen” de trabajo en el área y era necesario dar una rápida respuesta a esos asuntos. Pero, aparte, señalaron que se esperaba que la Ciudad creara esos puestos de forma específica. De esta forma, optaban por no hacer contratos más largos, ante la previsión de que se convocasen plazas públicas para hacer las mismas tareas. El juez consideró que hay  “contradicciones” en esta postura. “Si la necesidad de abogados era constante, se les podría contratar por años”, señaló el titular del Juzgado de lo Penal 1.

Tras Garbín, testificó Natalia M., quien fue directora general de Sanidad y Consumo. Esta persona señaló, al igual que harían las otras funcionarias inculpadas, que sólo tenía relación de trabajo con los cuatro abogados contratados presuntamente sin seguir los procedimientos ordinarios.

Asimismo, indicó que el tipo de contrato que se firmó con los cuatro letrados era de “arrendamiento de servicios” y “contratos administrativos”.

Elección de los abogados

Natalia M. indicó que “nadie en concreto” elegía a los letrados que se iban a contratar. Según dijo, se celebraba una reunión de cargos de la consejería en la que se acordaba una decisión. Esos encuentros se producían cada vez que un contrato estaba próximo a finalizar.

“Nunca tuvimos conciencia de que se estuviera fraccionando nada”, declaró esta acusada cuando la fiscal le habló de la prohibición del fraccionamiento de contratos. Natalia M. habló de la “necesidad imperiosa” de contar con estos letrados ante el surgimiento de “problemas” por la mayor carga de trabajo que recibía Bienestar Social.

Natalia M. aseguró a preguntas de la abogada de Garbín que “nunca” recibió instrucciones de la consejera para emplear “en concreto” a los cuatro abogados que también son parte acusada en este proceso.

Su defensor le preguntó “en qué irresponsabilidad” se podía haber incurrido de no haberse contratado a esos abogados. “En muchas: de salud pública, defensa de los consumidores, vacunaciones”, replicó ella.

Otra directora general

Después testificó Rocío O., que fue directora general de Servicios Sociales. Esta inculpada señaló que podía haber “contratos de un mes incluso” y que la causa de que no se hicieran contratos de un año o más largos estaba en que estaban “siempre a la espera” de que se sacasen plazas públicas. “Nunca me he planteado que fuera incorrecta la contratación”, dijo.

Además, destacó que el interventor no puso reparos, ni tampoco lo hizo el Tribunal de Cuentas.

Directora general de Menores

También declaró como acusada María C. F., que fue directora general de Menores. Según señaló, en la Consejería de Bienestar Social “los problemas surgen de una hora para otra”, de ahí la necesidad de contar con letrados que se ocupen de esos asuntos.

También explicó que no se quería contar con “asesores jurídicos para temas concretos” y que podía haber dos de ellos “trabajando para una misma dirección general”.

A preguntas de la defensa, manifestó que “no habría firmado” los contratos de haber tenido “dudas” sobre la legalidad de los mismos.

A continuación testificó como acusada Ángeles V. que ha ejercido como secretaria técnica, primero, y después de directora general de Servicios Sociales. Explicó que en las reuniones participaban “consejera, viceconsejero, secretarios técnicos y directores generales” para tratar “todos los temas que iban surgiendo”. Negó que hubiera “un contubernio” y subrayó que “el interventor jamás opuso un reparo de legalidad a esos noventa y pico contratos” que fueron formalizados con los cuatro letrados.

Distintos contratos

Por último, declaró Eva M., quien fue secretaria técnica y también directora general de Menores y Familia. Según afirmó, el alto volumen de trabajo de la consejería hacía necesario contar con los cuatro abogados. “La casuística de cada contrato era distinta”, explicó. “¿Quién iba a decir que vendría (a Melilla) una avalancha de sirios, un país en guerra?”, añadió, en referencia a las responsabilidades que iba asumiendo Bienestar Social.

Hoy, a las 10:00 horas, se reanuda el juicio  del ‘caso Abogados’ con más declaraciones de acusados.