El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón interroga esta semana a 4 imputados, en la causa sobre las presuntas mordidas de OHL a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas, que se investiga en una pieza del caso Lezo.
Los dos primeros en prestar declaración como investigados serán Abelardo Genaro Moya, exdirector de obra, y Mariano Javier Peláez Toré, directivo de OHL, a los que el juez ha citado el próximo miércoles a las 15:00 horas.
Al día siguiente será el turno de José Luis Almazán Palomino, exdirector del Puerto de Melilla, y Albino Pardo Rodríguez, exdirector del Puerto de Cádiz.
Esta pieza, que recientemente dejó de ser secreta, fue abierta a raíz del hallazgo de grabaciones de un empleado de OHL, Paulino Hernández, que fueron encontradas de forma casual en un registro del caso Lezo en las oficinas de la constructora, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir, está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre las localidades madrileñas de Navalcarnero y Móstoles.
En esos audios aparecen algunos de los imputados como es el caso de Abelardo Genaro Mayo que en una conversación con Paulino este le explica los problemas que tiene para trasladar “dinero en efectivo en los vuelos” y el ex director de obra le pregunta acerca de las firmas necesarias en los procesos de facturación.
En otra conversación, hablan de una adjudicación de 160 millones a Ferrovial y comentan que la habían sacado de la terna, pero que la volvieron a meter por “órdenes de Moncloa”, a lo que Paulino dice que “el favorito de Magdalena es Ferrovial”, pareciendo referirse a la exministra de Fomento socialista Magdalena Alvarez, según interpreta la UCO de la Guardia Civil en un informe incorporado a esta causa.
El exdirector del Puerto, José Luis Almazán figura en otro de los audios de Paulino, fechado en abril de 2009, en la que supuestamente le señala que tiene que tener en cuenta el pago de 400.000 euros para las europeas del PP.
El informe de la UCO concluye que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.
Las comisiones tendrían como “presumible objetivo” la consecución de obra pública y la aprobación de modificados o liquidaciones que mejorasen el resultado económico de las obras para OHL.
El importe de los fondos públicos comprometidos sería millonario, según la Guardia Civil, que pone como ejemplo el modificado de la obra del puerto de Melilla que por sí solo ascendería a unos 5 millones de euros.
El juez investiga a otros tres políticos: Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP, y Antonio Ángel Castro Cordobez, quien fuera consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora es diputado regional de CC.
Respecto a estos últimos, el juez indicó en un auto, del pasado 28 de mayo, que están siendo investigados “sin perjuicio de proceder a su citación judicial en el momento oportuno”.
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