La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha advertido recientemente del caos que puede originarse en Melilla y Ceuta luego de que se reabra la frontera con Marruecos, cerrada desde 2020 debido a la situación generada por la COVID-19, por lo cual ha solicitado refuerzos del Ejército.
Agustín Leal, portavoz de la entidad, expresó que, ante la posible avalancha de personas, “son necesarios no menos de 200 agentes más”, debido a que las condiciones con las que se cuenta actualmente implican que no existan suficientes efectivos para prestar atención a la valla, controlar los pasos fronterizos y el arribo de pasajeros mediante ferris.
Continuando con lo anterior, dijo que era trascendental, además de equiparar los salarios de guardias civiles y policías con el de otros cuerpos, aumentar la plantilla de la Guardia Civil en las regiones de Ceuta y Melilla con personas que residieran en ambos sitios.
Jucil cree que miles de subsaharianos podrían saltar sobre las vallas que separan a estos territorios. Sobre ello, explica que, en Melilla, en marzo de este año, tuvieron lugar dos asaltos violentos que dejaron cifras de más de cuarenta policías y guardias civiles heridos y se produjeron más de un millar de entradas irregulares.
En ese sentido ofreció un dato revelador: aseguró que más de tres mil inmigrantes se concentran en el monte Gurugú, al otro lado de la barrera, esperando la oportunidad para intentar un nuevo salto masivo.
Pese a ello, insistió en que la organización no está en contra de la inmigración, pero sí cree que ese proceso debe llevarse a cabo ordenadamente, de forma documentada y con la aplicación de medidas y condiciones que eviten un “efecto llamado” sobre personas que aspiren a entrar.
Por otra parte, la entidad destaca que, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, prometieron, por un lado, visitar Melilla luego de los acontecimientos mencionados anteriormente, y por otro, aumentar los efectivos, mejorar el material antidisturbios para enfrentar circunstancias similares y reparar la valla, “ninguna de estas cosas se ha llevado a cabo”.
Añade que tampoco se ha ampliado la plantilla, que “ahora deberá dividirse entre los que llevan a cabo su servicio en Seguridad Ciudadana y quienes tienen que controlar en el Servicio Fiscal en el puerto”, lo cual provoca que se impida aplicar la ley como se debería.
Recalca que situaciones como el arribo de más de 10 mil inmigrantes procedentes de Marruecos el 17 de mayo pasado podrían repetirse si los miembros de la Guardia Civil tienen que dividirse entre atender varias funciones al mismo tiempo, por lo cual solicitó al Gobierno que “actúe con responsabilidad en la protección de los ciudadanos de Ceuta y de Melilla”.
La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) fue creada en el 2018 bajo la premisa de defender los intereses y los derechos de agentes pertenecientes a ese cuerpo ante las instituciones públicas. Actualmente posee más de 13 mil afiliados.
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