La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha lamentado que el Defensor del Pueblo no haya mostrado "interés alguno" ni propuesto "un informe de oficio" para conocer el alcance y los motivos de las lesiones sufridas en los últimos días por más de 40 agentes en Melilla.
Si bien Jucil valora el interés que ahora muestra la institución al solicitar información a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la intervención con una persona que, "provista de grandes garfios metálicos accedió a Melilla a través de la valla" y que, "a pesar de las indicaciones de la Guardia Civil, no soltó estos elementos hasta que no fue reducido", considera que el Defensor del Pueblo "debería diferenciar entre las personas vulnerables y aquellos que, provistos de garfios, arremeten contra los guardias civiles, golpean y provocan heridas".
En ese sentido, Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil, ha precisado que, como mismo el Defensor ha insistido en que las actuaciones de los agentes "deben respetar el derecho a la integridad física y moral sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos", debería incluir en su actuación de oficio "los partes médicos de los 48 agredidos en los saltos a la valla", así como fotografías del estado en el que han quedado sus cascos después de haber sido impactados con piedras o sus chalecos, rasgados con los garfios que portaban los inmigrantes.
De acuerdo con lo que ha resaltado Leal, con un presupuesto de 18 millones de euros para este 2022, el Defensor del Pueblo podría investigar además en qué condiciones operan en la valla de Melilla los efectivos de la Guardia Civil.
De hecho, el equipo jurídico de Jucil no ha descartado la posibilidad de presentar una queja ante la institución que preside Ángel Gabilondo para que analice precisamente las circunstancias y las limitaciones que se les imponen a los guardias civiles para que eviten "las avalanchas" en el perímetro fronterizo de la ciudad.
La asociación profesional, que defiende los intereses laborales de los guardias civiles, ha destacado este sábado -cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita Melilla después de varias jornadas de continuos asaltos violentos en la frontera-, que las condiciones de trabajo de los agentes en la valla "son tan precarias como las de los días anteriores".
Desde Jucil han denunciado asimismo la falta de medios humanos para controlar "la entrada violenta de inmigrantes en España" y de los recursos materiales "para poder cumplir esta tarea sin que se produzcan situaciones como las que se han visto estos días".
"La forma de evitar llegar al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con personas armadas con garfios y otros elementos lesivos es que se autorice el uso del material antidisturbios para impedir el salto a la valla", ha señalado Leal.
La asociación creada en 2018 ha recalcado que han sido "ataques violentos" e "inusitados" ya que los subsaharianos iban pertrechados con garfios, tornillería en los zapatos y palos de tamaño mayor que las defensas usadas por la Guardia Civil, como ha reconocido el propio titular del Interior este viernes.
Leal ha subrayado que, "en estos días en los que vemos la llegada a España de personas vulnerables, refugiados procedentes de lugares en guerra sin que eso cause problemas de carácter policial", "no se puede aceptar" que quien entre al país "de forma violenta y atentando contra funcionarios públicos resulte premiado".
Por eso, para concluir, Jucil ha reclamado "la expulsión inmediata de quien han utilizado estos métodos para superar la frontera".
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