“La precariedad laboral amenaza a los jóvenes de dos maneras. La primera es que de forma inmediata, serán los primeros en ser despedidos al término de los expediente de regulación de empleo (ERTE). A medio plazo, los que conserven sus empleos serán los más expuestos al despido si se materializa la amenaza de una crisis económica provocada por el coronavirus. Así se recoge en el informe ‘Juventud en riesgos: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la Covid-19 sobre la población joven en España’. Se trata de un documento elaborado entre los meses de marzo y abril del pasado año y que se ha publicado recientemente por parte del Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Servicios Sociales.
Este estudio contará con dos entregas, la primera dedicada a las primeras consecuencias socioeconómicas que el confinamiento obligado por la Covid-19 ha tenido sobre la población joven, que es este informe, y una segunda que evaluará la situación postpandemia y el crecimiento perdido, entre las expectativas y la realidad del segundo semestre de 2020.
También se describe que la dimensión laboral es tan solo una de las muchas facetas en las que va a incidir la pandemia y el estado de alarma en el conjunto de la población. Todos los grupos sociales sufrirán sus consecuencias en diversa medida. Aun así, indica que centrar la mirada en la inserción laboral de la población joven tras la Covid- 19 está justificado, por ser un ámbito marcado durante los últimos diez años por la temporalidad y la precariedad extremas, y por ello, es una población especialmente sensible a las medidas adoptadas.
La tasa de paro de la población joven en España se sitúa en el 25,2% durante las primeras semanas del confinamiento, registrando un incremento trimestral más de dos veces superior al que se ha dado entre la población de 30 a 64 años.
En Melilla y Ceuta registran un 36,4% de los jóvenes en paro sin empleo anterior de entre 16 y 29 años. Se trata de la cifra más alta de todo el país, mientras que la media del país es de un 18%.
También tienen las dos ciudades autónomas el dato de parados sin trabajo anterior más alto contando los ciudadanos que tienen más de 29 años, con un 10,9%. La media estatal está en un 4,7%.
En relación con la tasa de actividad, es de un 44,2% para Melilla y Ceuta en jóvenes de entre 16 a 29 años. Se trata de la cuarta más baja del país, siendo la media de España de un 52%, mientras que en Aragón, donde se registra la mayor cifra es de un 54,2%.
En el caso de los mayores de 29 años, la tasa de actividad para las dos ciudades autónomas es de un 77,7%, siendo la cuarta más baja. La media del país es de un 80,6%.
Y el informe describe que las personas jóvenes son las que han experimentado con mayor intensidad los efectos del parón económico derivado del confinamiento. Así se refleja, por ejemplo, en la caída de la tasa de actividad (que mide la proporción de personas jóvenes que tienen un empleo o lo buscan activamente) y en la caída de la tasa de empleo (la proporción de personas que están trabajando).
Las tasas de paro también han aumentado en esta población y son un colectivo que centra sus trabajos en el sector no esencial.
Por todo esto, el estudio insiste en la vulnerabilidad de los jóvenes frente a esta pandemia.
Asimismo, en este documento se recoge cómo están afectando los ERTE a la situación de las empresas. Por un lado, indica que salva a muchas y está impidiendo que se vaya al desempleo un gran número de trabajadores. Sin embargo, es disfrazar las cifras reales de las empresas que se encuentran en una situación complicada.
Señala que para conocer mejor cómo afecta a los jóvenes, se debería saber el número de afectados, pero no hay esas cifras. Pero, a la vez, la protección ante los ERTE ha constituido sin duda una medida especialmente positiva para las personas jóvenes. De hecho, en abril de 2020 la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo de la población joven ha sido, por primera vez en años, superior a la del resto de la población.
Las conclusiones de este primer informe del Injuve es que hay un mayor incremento del paro y de las demandas de empleo entre la juventud. La segunda conclusión es que los ERTE son un paraguas temporal. Y estas dos ideas llevan a que la juventud está “de nuevo en riesgo”.
Para el colectivo son los contratos precarios, y por lo tanto, los más fáciles de resolver una vez que finalice el ERTE si no hay opción para la empresa a seguir adelante con esta plantilla. Asimismo, ocupan las ramas de empleo con puestos más vulnerables, como en la hostelería, las actividades artísticas o de entretenimiento.
Han pasado ya casi doce meses del primer estado de alarma y el confinamiento y han salido a la luz los resultados de un informe que sitúa a la salud mental como el principal interés y preocupación de los estudiantes. La crisis sanitaria ha transformado la vida de los alumnos y su forma de relacionarse tanto fuera, como dentro del centro educativo, el cual en muchos casos era su principal espacio de socialización.
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) revela que el 72% de los estudiantes considera esta como su mayor preocupación, sólo por delante de los derechos de los estudiantes (63,5%) y los exámenes y métodos de evaluación (56%). Achacan estas cifras a la falta de medidas específicas para combatir el efecto del aislamiento social y los meses de cuarentena, pues, tras medio curso dando clase desde casa y el sistema de semipresencialidad implantado desde septiembre, los protocolos de lucha contra el Covid-19 no incluyen refuerzos en la plantilla de orientación.
La presidenta de la organización estudiantil, Andrea G. Henry, explicó que “los estudiantes definen este último año con tres palabras: ‘agobio’, ‘estrés’ y ‘ansiedad’. La educación emocional es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo”.
La responsable de CANAE también indicó que “aún no somos conscientes de lo importante que es la salud mental y lo poco que la estamos cuidando, hay que poner medidas ya”.
A toda esta información hay que sumar otros datos interesantes, como que menos de un tercio de la muestra se siente escuchada en su instituto (27,9%), y que 8 de cada 10 estudiantes que consideran que se escucha más a los padres y profesores que a ellos y que la mitad de los estudiantes querría formar una asociación en su centro, pero no sabe de qué herramientas dispone (45%). De esta forma, el estudio revela que las preocupaciones de los estudiantes son la salud mental, sus derechos y los exámenes y evaluación.
La cuarta gran preocupación son las becas porque en gran parte persiste el problema estructural del retraso de una media de 4 a 5 meses en su pago pese al aumento de cuantía y la eliminación del criterio académico son la cuarta gran preocupación del estudiantado en la muestra.
Dos meses después de la aprobación de la LOMLOE, las leyes educativas ocupan el quinto lugar señalado como preocupación en la muestra y los y las estudiantes consultados.
La sexta gran preocupación del estudiantado es la igualdad de género en el aula donde el estudiantado de centros concertados y privados tiene mayor preocupación como también se observa en el décimo lugar de su preocupación, la convivencia escolar.
La educación en línea y durante los confinamientos escolares es la séptima gran preocupación de los alumnos que han respondido.
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