Afirman que la acción policial es “desproporcionada” y las expulsiones son de “dudosa legalidad”.
El secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones (Confer), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Cáritas expresaron ayer su “más profunda consternación” ante el aumento de las “vulneraciones” de derechos humanos en la frontera sur de Europa y la falta de acceso a protección internacional.
Estas entidades dijeron estar “alarmadas” por el “aumento” de las muertes en el perímetro fronterizo, por el uso “desproporcionado” de la violencia en la valla melillense, por las prácticas de expulsión realizadas bajo “dudosa legalidad”, por la imposibilidad de los inmigrantes de solicitar asilo y por las últimas agresiones contra subsaharianos en países de tránsito, como es Marruecos.
“Queremos expresar nuestra más profunda consternación por las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo desde hace meses en esta frontera sur de la Unión Europea, especialmente en Melilla y Ceuta”, agregaron en una nota de prensa.
Globalizar la indiferencia
Se quejaron de la “globalización de la indiferencia” que ya denunció el papa Francisco, ante la “deshumanización” que se está viviendo. Estas organizaciones alentaron ayer en un comunicado a la sociedad a “ir más allá del sensacionalismo que transmiten noticias aisladas e inconexas y a tomar conciencia de las causas que producen sin interrupción estos hechos dramáticos”.
“Nuestra sociedad no puede tolerar leyes, ni actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni acuerdos sobre inmigración entre estados que supongan mayores sufrimientos y vulneraciones de derechos hacia las personas”, concluyen.
Human Rights Watch se suma a las denuncias por la violencia en la frontera
La ONG internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), se sumó ayer a las denuncias de diversas organizaciones sobre la violencia en la valla de Melilla, especialmente, por la actuación de la Guardia Civil contra un joven camerunés la semana pasada. Por ello, solicitó a la Comisión Europea que adopte medidas contra el Gobierno de España por la forma de actuar de la Benemérita.
“Las imágenes no pueden ser más territes”, afirmó una investigadora de HRW, Judith Sunderland. “El Gobierno español tiene que llamar a un cese de inmediato de estas actuaciones abusivas y la Fiscalía tiene que investigar este horrible caso. Hasta que éste haya sido investigado a fondo, la Guardia Civil debería retirar de la frontera a los agentes implicados”, agregó.
Para la organización internacional los guardias civiles que intervienen en los asaltos masivos al perímetro fronterizo melillense utilizan la fuerza de manera “injustificada y desproporcionada”. “Deben ser expedientados y, en su caso, juzgados”, agregó Sunderland.
