El interventor accidental puso objeciones a contratos que no eran de Bienestar Social

• Al declarar como testigo, indicó que planteó dudas sobre 4 contratos menores “de otras consejerías”

Francisco Javier Platero, interventor accidental de la Ciudad entre 2012 y 2014, afirmó ayer en su declaración como testigo del ‘caso Abogados’ que, mientras ejerció como tal, opuso reparos “a cuatro contratos menores”, pero que ninguno de ellos era de Bienestar Social, sino “de otras consejerías”.

En cuanto a su antecesor en el cargo, Silverio Jiménez Filloy, fallecido en 2012, aseguró, a preguntas de un abogado de la defensa, que nunca puso en duda la legalidad de los contratos firmados por Bienestar Social con cuatro letrados externos a la Administración cuando María Antonia Garbín era la consejera.

“¿Oyó a Silverio (Jiménez  Filloy) críticas a Bienestar Social?”, le preguntó a Platero uno de los letrados defensores. “Él decía: ‘Mientras vengan con el informe jurídico, no hay problema”, contestó el testigo.

Servicio jurídico

La razón esgrimida por los 13 acusados para emplear mediante contratación menor (de cuatro a seis meses, en los casos objeto de este juicio) a cuatro abogados es que se esperaba que la Ciudad crease puestos de funcionario para hacer trabajos de asesoría jurídica.

“¿El servicio jurídico de la Ciudad tenía personal suficiente?”, le preguntó la defensa al testigo, a lo que este replicó con un rotundo “no con mayúsculas”.

Letrado de servicios jurídicos

Además de Platero, también intervino como testigo Francisco José Madrid, letrado de los servicios jurídicos de la Ciudad. Este declarante explicó que los abogados del Gobierno local tienen como funciones emitir “informes y dictámenes que pide el presidente, el Consejo de Gobierno o el Pleno”, así como “ir a sede judicial a defender a la Administración, como demandante o demandada”.

“Si hay funciones (dentro de una consejería) que exceden eso, en mi opinión sí pueden contratarse abogados” externos a la Ciudad, añadió este testigo.

Los acusados han reiterado que en Bienestar Social hay un “gran volumen de trabajo”.

El juez, a una funcionaria que declaró: “¿Usted sabe algo o no sabe nada? ¿Firmaba sin leer?”

Entre los tres testigos llamados a declarar ayer estuvo María del Carmen B., quien es secretaria técnica de Seguridad Ciudadana, pero ejerció de forma accidental “en 2007” como secretaria técnica en Bienestar Social cuando se formalizaron algunos de los contratos objeto de juicio. “Todos los días en la Ciudad se tramitan contratos menores”, dijo a preguntas de la acusación popular, que fue quien la citó como testigo.

“¿El interventor les dio instrucciones de hacer informe de legalidad y de necesidad en contratos menores?”, le consultó el letrado de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que ejerce la acusación popular. “A lo mejor en unos sí y en otros no”, replicó esta funcionaria.

Esta persona aclaró que no estaba físicamente en la Consejería de Bienestar Social, sino que los ordenanzas le “traían los expedientes para que los firmara”.

La acusación popular se interesó por si la testigo sabía “si era la primera vez que se contrataba a esos letrados”. Ella se limitó a decir que “no lo preguntó”.

Fue entonces cuando intervino el juez: “¿Usted sabe algo o no sabe nada? ¿Firmaba sin leer, sin saber? Tendría que saber lo que firmaba. Usted responde de lo que ha firmado, algo sabrá”.

La testigo replicó que desconocía “el trabajo concreto” que hacían los cuatro letrados supuestamente contratados de forma irregular por Bienestar Social. “¿No se preocupó de saber si venían de antes? ¿Y del fraccionamiento (presuntamente practicado con los contratos)? Usted daba fe de todo esto”, le recordó el magistrado. “Yo comprobé que el expediente se ajustaba a la legalidad”, contestó esta secretaria técnica.

A preguntas de la fiscal, la testigo dijo que no se acordaba del “objeto” del contrato. “Sé que asesores jurídicos, pero no sé si algo más específico”. Pero, aparte, afirmó: “Vi bien el expediente y lo firmé”.

El lunes declaran los instructores de la Guardia Civil

Todavía quedan tres sesiones para que el juicio por el ‘caso Abogados’, en el que se acusa a la exconsejera de Bienestar Social María Antonia Garbín y otros 12 funcionarios de la Ciudad de un delito continuado de prevaricación, quede visto para sentencia. Este lunes prestará declaración Inmaculada C., una funcionaria que fue acusada en principio, pero luego la fiscal retiró la acusación al estimar que el presunto delito cometido había prescrito.

También testificarán el primer día de la próxima semana dos guardias civiles que efectuaron las diligencias de investigación de este caso.

El jueves continuará el juicio con la declaración del interventor, así como de otros dos testigos. Y, por último, se espera que en la sesión del próximo viernes las partes en el proceso efectúen sus alegatos finales ante el juez. Será entonces cuando el titular del Juzgado de lo Penal número 1 (aunque las vistas se celebren en la sala de la Audiencia Provincial) deje el juicio visto para sentencia.