Interior licita un contrato para que una empresa supervise a otra en la frontera de Melilla y Ceuta

El Ministerio del Interior ha lanzado un proceso de licitación para contratar a una empresa privada que se encargue de supervisar el trabajo que realiza otra empresa, también contratada por el propio Gobierno, en las fronteras de Melilla y Ceuta. El objeto es la vigilancia del mantenimiento, limpieza y conservación del vallado fronterizo y de los puestos aduaneros. La iniciativa ha generado críticas por implicar una doble capa de contratación para controlar tareas que, en principio, deberían estar bajo supervisión directa de la Administración.

Según publicó La Razón, la licitación ha sido promovida por la Secretaría de Estado de Seguridad y prevé un contrato de aproximadamente 500.000 euros anuales, con posibilidad de prórroga durante cinco años, lo que podría elevar el gasto total a más de 2,5 millones de euros. El objetivo declarado es “garantizar el cumplimiento eficaz del contrato de servicios del vallado fronterizo”.

La memoria justificativa de la licitación añade que las instalaciones perimetrales, con 8,7 kilómetros en Melilla y 11 en Ceuta, son consideradas infraestructuras esenciales para el control del flujo migratorio procedente del continente africano, bajo responsabilidad de la Guardia Civil. Señala que debido a la presión migratoria constante y los intentos reiterados de saltos a la valla, estas estructuras deben mantenerse “permanentemente operativas”, lo que requiere asegurar su conservación tanto desde el punto de vista técnico como funcional.

También se alude a la necesidad de mantener los recintos aduaneros de El Tarajal, en Ceuta, y Beni-Enzar, en Melilla, en condiciones óptimas de operatividad, limpieza y salubridad, a fin de garantizar entornos seguros e higiénicos tanto para las personas como para los medios que operan allí. En este contexto, el Ministerio justifica la necesidad de disponer de una asistencia técnica externa que supervise, sobre el terreno, la correcta ejecución del contrato de mantenimiento.

La empresa que resulte adjudicataria de esta supervisión no asumirá trabajos de conservación o vigilancia directa, sino que revisará que la empresa mantenedora cumpla sus funciones. Entre sus obligaciones estarán inspeccionar el estado del vallado, la iluminación, los sistemas de videovigilancia, la limpieza y otros elementos clave del perímetro fronterizo. Para ello se exige personal técnico cualificado, entre ellos un ingeniero o arquitecto superior y técnicos residentes en Melilla y Ceuta que realicen visitas diarias e informes mensuales.

En la memoria técnica del expediente, Interior argumenta que la complejidad y el volumen de las instalaciones, así como la diversidad de servicios de mantenimiento necesarios, hacen imprescindible contar con este tipo de asistencia especializada. Reconoce, además, que la propia administración no dispone actualmente de los medios humanos ni materiales necesarios para realizar esta tarea de forma eficaz.

Esta nueva licitación se produce en un contexto especialmente sensible, ya que recientemente el Gobierno lanzó un contrato de 13 millones de euros hasta 2028 para reforzar la vigilancia de la frontera con Marruecos, en plena polémica por la instalación de cámaras de origen chino en puntos críticos del perímetro. Este antecedente ha reavivado el debate sobre la dependencia tecnológica, la transparencia en las contrataciones públicas y el modelo de gestión de la seguridad fronteriza.

La propuesta de contratar una empresa para supervisar a otra, ambas financiadas con recursos públicos, abre interrogantes sobre la eficiencia en el uso del dinero del Estado y la posible duplicidad de funciones. Mientras se insiste en que el nuevo contrato busca mejorar el control y garantizar la correcta ejecución del anterior, sectores críticos advierten que puede suponer una dilución de responsabilidades y una falta de control directo por parte del Ministerio del Interior.

Hasta el momento, la Administración no ha ofrecido más explicaciones que las recogidas en la memoria del expediente. En ciudades como Melilla, donde la frontera es una cuestión de máxima sensibilidad y repercusión, estas decisiones deben ir acompañadas de la máxima transparencia, tanto en la adjudicación como en el control del gasto y en la evaluación de resultados.