Inseguridad nacional

Este pasado martes, 9 de abril, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, una reunión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, al objeto de que el director de gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López Águeda, presentara, por atrasado, el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2022, que debería haber sido presentado al comienzo del pasado año, pero que, por diferentes causas, no suficientemente justificadas (se atribuyó a la convocatoria de elecciones el 29 de mayo cuando este año se ha presentado el 9 de abril), se presentaba este pasado martes. Aprovechando la ocasión y en un gesto (el enésimo) de falta de consideración al Parlamento, se unió a esta presentación la del Informe correspondiente a 2023, no remitido a Las Cortes, pero publicado, electrónicamente, en la página web del Departamento de Seguridad Nacional.

Se aprovechó, asimismo, para que la, recientemente nombrada Directora del Departamento de Seguridad Nacional, la General de Brigada del Ejército del Aire y del Espacio Loreto Gutiérrez Hurtado, presentara su proyecto para el futuro inmediato del Departamento que desde el pasado 29 de noviembre dirige.

Si la presentación de la General se atuvo a las expectativas y se puede calificar como de brillante desde el punto de vista técnico y de los buenos propósitos expresados, la del director del gabinete, Óscar López, fue absolutamente decepcionante y me atrevo a calificarla como, incluso, de preocupante, dado el absoluto desconocimiento del que hizo gala sobre el contenido de los informes de los que teóricamente vino a informar y de la agresiva disposición en la que se situó cuando se pusieron de manifiesto sus lagunas así como sus reacciones a las preguntas de los diferentes portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios.

En su intervención, en lugar de informar sobre el contenido de los informes anuales, informó sobre el Sistema de Seguridad Nacional, mostrándose orgulloso sobre su estructura y funcionalidad, como un logro propio, dándose la circunstancia de que dicho Sistema fue diseñado y organizado por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. Su exposición y réplicas a las preguntas que se le formularon, se mostraron circunscritas a las notas que le preparó su Gabinete y sus agresivas reacciones, retornando a la gestión del 11M por el Gobierno de Aznar o la responsabilidad, en su opinión exclusiva del PP, por la falta de renovación del CGPJ, un amasijo de lugares comunes, marca de la casa del argumentario del Partido Socialista.

El mayor adversario para un eficaz enfoque de las cuestiones relativas a la Seguridad Nacional lo constituyen el triunfalismo, la autocomplacencia y la nula capacidad de autocrítica de la que hizo gala el representante del Gobierno que vino, en teoría, a hablar de Seguridad Nacional a la Comisión Parlamentaria existente al efecto y acabó haciendo un alarde de sectarismo y demonización de la oposición a los que tan acostumbrados nos tiene el Gobierno de Pedro Sánchez.

La última Estrategia de Seguridad Nacional, la de 2021, se encuentra repleta de consideraciones derivadas del estado de pandemia, que motivó su redacción que, en principio, no estaba prevista hasta 2022 y por lo tanto muy centrada (demasiado centrada) en la gestión de recursos para hacer frente a situaciones de crisis como la pandemia exigía en aquel momento.

La invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, la promulgación de la Brújula Estratégica de la Unión Europea, en marzo de 2022 y la revisión del Concepto Estratégico de la OTAN en la cumbre de Madrid de julio de 2022, aconsejarían acometer la revisión de dicha Estrategia.

Otro anacronismo lamentable de la misma Estrategia de Seguridad Nacional es el relativo a nuestro vecindario sur, cuando afirma que “la relación de España con Marruecos y Argelia es de buena amistad, desde la premisa de la cooperación leal y el respeto a las fronteras mutuas. La colaboración con estos países en aspectos relacionados con la seguridad, como los tráficos ilegales o el terrorismo, complementa unas sólidas relaciones basadas en el diálogo político, las relaciones comerciales y los vínculos energéticos”.

Los vaivenes experimentados en esas relaciones, precisamente, desde la publicación de aquella Estrategia, que se produjo cuando empezábamos a mantener desencuentros, primero como consecuencia de la atención al señor Brahim Gali en España y posteriormente como consecuencia del cambio de posición del Gobierno de España en relación con el futuro del Sáhara Occidental, han hecho que las relaciones con estos vecinos con los que, efectivamente, deberíamos mantener relaciones de buena vecindad, se hayan visto enrarecidas y hayan sido, alternativamente, objeto de tensiones y de desencuentros no deseables, pero reales.

Los continuos desafíos de nuestros vecinos marroquíes a la sostenibilidad decorosa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla deberían ser tenidos en consideración por nuestra Estrategia de Seguridad Nacional. Desde que el 31 de julio de 2018, Marruecos decidiera unilateralmente cerrar la aduana comercial con Melilla, las actuaciones de Marruecos encaminadas a hacer difícil el sostenimiento de ambas ciudades no han parado de aumentar, sin que por parte del Gobierno se produzca reacción alguna. A este cierre de la aduana se le unió la cancelación del régimen de tránsito de viajeros. Todas y cada una de las actuaciones de ese hipotético amigo de España no parecen tener otro fin más que dificultar la sostenibilidad de ambas ciudades.

Queremos tener buena relación con nuestros vecinos, pero mientras no sea así, España debe proteger a sus ciudadanos y garantizar su supervivencia.

Ante el escenario descrito y a la vista de las reacciones airadas del representante del Gobierno para estos asuntos, en relación con las preguntas formuladas por la oposición, sólo percibo tres opciones aceptables: remplazar al Director del Gabinete de Presidencia del Gobierno por alguien que se tome en serio su responsabilidad en el ámbito de la Seguridad Nacional, hacer que, por lo menos, se lea los informes que presenta y los expedientes de los que es responsable, para conocer su contenido o cambiar de denominación la función que teóricamente desempeña para pasar a denominarla de Inseguridad Nacional.