La ministra Mónica García, sin embargo, impulsa una ley para acabar con privatizaciones en la sanidad
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha adjudicado a Oftalvist un contrato público para realizar cirugía oftalmológica a pacientes del Área Sanitaria de Melilla. Concretamente, el grupo médico se encargará de practicar procedimientos de dacriocistorrinostomía mediante láser a los pacientes derivados desde la sanidad pública, según ha adelantado Alicante Plaza y recoge el medio especializado modaengafas.com.
El contrato tendrá una duración de un año, periodo durante el cual Ingesa podrá derivar a las clínicas de Oftalvist a los pacientes melillenses que requieran este tipo de intervención especializada, una técnica que se emplea para tratar obstrucciones del conducto lagrimal mediante el uso de láser.
La adjudicación llega en un momento de cambios relevantes en la estructura accionarial de Oftalvist. El pasado mes de agosto, Sanoptis adquirió a Asisa el 59,27% del capital de la compañía, haciéndose con una participación mayoritaria. La operación situó a Oftalvist dentro de la órbita de uno de los grandes proveedores privados de servicios oftalmológicos de Europa y reforzó, de paso, la posición de Sanoptis en el mercado español.
Este nuevo contrato con Ingesa, el organismo que gestiona la sanidad pública en Melilla y Ceuta, se suma así a la actividad que la empresa desarrolla en distintos puntos de España mediante fórmulas de colaboración público-privada, a través de las cuales asume procedimientos quirúrgicos que la red pública deriva a centros privados.
Este tipo de adjudicaciones se producen en un contexto nacional marcado por el debate sobre el papel de la sanidad privada en la gestión de servicios públicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció en diciembre de 2025 que el Gobierno ultimaba una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, con la que pretendía limitar la colaboración público-privada en el sector sanitario y "blindar" la sanidad pública frente a la entrada de fondos de inversión.
La ministra defendió entonces que la norma no prohibiría este tipo de colaboración, pero sí restringiría que se realizara con empresas con ánimo de lucro. En el momento de aquellas declaraciones, el Ejecutivo no contaba con mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la ley.
Por el momento, no ha trascendido el importe económico del contrato adjudicado a Oftalvist en Melilla ni el número estimado de pacientes que podrían beneficiarse de esta derivación durante el próximo año.
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