Ingenieros privados llevan a la Justicia un encargo de la Ciudad a Tragsatec

Las organizaciones que los representan entienden que la adjudicación no se ajusta a la normativa que regula el uso de medios propios por las administraciones públicas

La Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía, Ceuta y Melilla (ASICA) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES) han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el encargo realizado por la Ciudad Autónoma de Melilla a la empresa pública Tragsatec para la redacción del plan especial y del proyecto de urbanización del ámbito de suelo urbano sistemático UA 43, correspondiente al “Antiguo acuartelamiento de Santiago”. El contrato está valorado en 181.730,56 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 25 meses.

El recurso ha sido presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, órgano que deberá pronunciarse sobre la legalidad del encargo. Las asociaciones consideran que la adjudicación a Tragsatec no se ajusta a la normativa que regula la utilización de medios propios por parte de las administraciones públicas y sostienen que el trabajo encomendado queda fuera del objeto social de la empresa pública.

Según explican, se trata de la primera acción judicial que las asociaciones de ingeniería emprenden en España contra Tragsatec, filial del Grupo Tragsa. Las patronales confían en que exista jurisprudencia favorable en relación con este tipo de encargos y subrayan que la sentencia que se dicte podría tener un impacto relevante en futuras actuaciones administrativas similares, dada la competencia del alto tribunal andaluz sobre Ceuta y Melilla.

ASICA y CÍES vienen denunciando lo que califican como un uso reiterado y creciente de la figura de los medios propios, como Tragsatec, Tragsa o INECO, para la adjudicación directa de contratos sin concurrencia pública. Recuerdan que estos encargos se valoran conforme a tarifas establecidas y no están sujetos a bajas económicas al no existir competencia entre empresas, lo que, a su juicio, limita los principios de transparencia y libre concurrencia.

Las asociaciones señalan que la legislación española contempla la utilización de medios propios únicamente en supuestos excepcionales, como razones de seguridad nacional, situaciones de urgencia o cuando no existan proveedores alternativos en el sector privado y resulte más eficiente recurrir a recursos propios. Fuera de estos escenarios, sostienen que la contratación directa a empresas públicas genera barreras para el desarrollo de las ingenierías privadas y reduce su capacidad de crecimiento.

En el caso concreto del ámbito UA 43, relativo al antiguo acuartelamiento de Santiago, las organizaciones empresariales entienden que no concurren las circunstancias excepcionales previstas por la normativa. Por ello, han solicitado formalmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma que desista del encargo a Tragsatec y han ofrecido a sus empresas asociadas para asumir la redacción de los proyectos y estudios vinculados a los desarrollos urbanísticos planificados.

El Grupo Tragsa, de capital íntegramente público, está integrado por las sociedades Tragsa y Tragsatec y forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tiene la condición de medio propio personificado de las administraciones públicas que participan en su accionariado, entre las que se encuentra la Ciudad Autónoma de Melilla. En 2024, el grupo alcanzó una cifra de negocio de 2.020 millones de euros y superó los 26.000 empleados. Según datos recogidos por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OiRESCON), Tragsatec recibió encargos en 2023 por valor de 485 millones de euros.

ASICA, fundada en 1994, agrupa a 45 empresas de ingeniería de capital privado con más de 1.400 profesionales y unas ventas agregadas superiores a 130 millones de euros en 2024. CÍES, constituida en 2021, integra a ocho asociaciones territoriales que representan a 161 empresas y 6.200 trabajadores, con un volumen conjunto de negocio de 600 millones de euros. Ambas organizaciones sostienen que el resultado de este litigio será determinante para el modelo de contratación pública en el ámbito de la ingeniería y para el equilibrio entre empresas públicas y privadas en el sector.

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