En su Informe Mundial 2022, la ONG Human Rights Watch hace una mención a las devoluciones de personas desde Ceuta y Melilla a Marruecos, criticando que el Gobierno no haya reformado aún la ley que permite esta práctica. “En abril, cuatro relatores especiales de la ONU escribieron al gobierno español sobre las devoluciones abusivas desde sus enclaves a Marruecos, tras nuevas denuncias de malos tratos por parte de guardias fronterizos españoles en enero. "No obstante, se denunciaron devoluciones sumarias a lo largo del año, y la coalición gobernante no respaldó la reforma de la ley vigente que permite esta práctica”, reza el informe. En el texto mencionado, se expone que a pesar de que los puestos fronterizos de Melilla con Marruecos se encuentran cerrados desde marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, no se han contemplado mecanismos regulares de acceso al territorio para los migrantes y solicitantes de asilo. Acerca de la situación de los derechos humanos en España, también se hacen eco de cuando en septiembre, las fuerzas armadas españolas destacadas en otro puesto militar del norte de África, el peñón de Vélez de la Gomera, devolvieron sumariamente a unas 125 personas, entre ellas ocho menores, que habían atravesado a pie una pequeña franja de arena que lo conectaba con territorio marroquí. En materia educativa, recuerdan que en septiembre, las autoridades locales de Melilla permitieron que unos 160 niños y niñas de familias sin estatus migratorio regular, o que no podían aportar pruebas documentales de residencia, se matricularan en la escuela. Desde HRW subrayan que esta medida se adoptó tras años de campaña por parte de activistas locales de los derechos de la infancia sobre las dificultades que tenían los menores de familias de nacionalidad marroquí o de origen marroquí para ser escolarizados, tras repetidas recomendaciones del Defensor del Pueblo de los derechos humanos y tras un dictamen del Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, en junio.
Los datos
La ONG señala que según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, hasta el 31 de octubre, al menos 33.706 personas habían llegado de forma irregular por mar a la península, a las Islas Canarias, en el océano Atlántico, y a Ceuta y Melilla, enclaves del país en el norte de África, mientras que 1.068 lo hicieron por tierra. Resaltan que estas cifras no incluyen los datos relativos a las llegadas a partir del 17 de mayo a Ceuta. Acerca de los fallecidos, estiman que hasta mediados de septiembre 1.025 personas habían muerto o desaparecido en el mar durante el año en ruta hacia España, la mayoría de ellas en el Atlántico, según la Organización Internacional para las Migraciones, apuntan. En su informe, HRW le dedica especial atención al episodio ocurrido en Ceuta el pasado mes de mayo de 2021. Relatan que entre el 17 y el 19 de mayo, se calcula que unas 10.000 personas entraron en Ceuta, a nado o vadeando la frontera de la playa, después de que las autoridades marroquíes dejaran, al parecer, de aplicar los controles fronterizos tras una disputa diplomática con España. Subrayan que se calcula que en el grupo había entre 1.500 y 3.000 eran menores de edad. Señalan que las personas que lograron entrar se enfrentaron a devoluciones sumarias y a la denegación de entrada a su llegada, así como a devoluciones masivas ‘voluntarias’ a los pocos días. Esto suscitó la preocupación de que las autoridades españolas bloquearan el acceso al asilo, devolvieran a nacionales de terceros países a Marruecos y no determinaran el interés superior de los niños antes de devolverlos. Añadieron que las instalaciones de acogida de Ceuta, ya saturadas, se vieron desbordadas por aquellos a los que las autoridades españolas no expulsaron inmediatamente. Como solución, las autoridades locales crearon refugios improvisados, incluso para los más de 700 niños y niñas que permanecieron allí. Otros miles de inmigrantes se quedaron durmiendo a la intemperie en condiciones precarias, aseguran.
En España
Acerca de la situación general del país, resumen que España denegó la entrada a inmigrantes y solicitantes de asilo en sus fronteras, mientras cientos de ellos morían en el mar intentando llegar a las islas Canarias. También señalaron la situación del aborto. Según las estadísticas oficiales, seis de las 19 comunidades y ciudades autónomas de España no contaban con centros sanitarios públicos que practicaran el aborto. La objeción de conciencia del personal sanitario seguía siendo un obstáculo para las mujeres que necesitaban asistencia para abortar. También apuntan que a medida que la pandemia de Covid-19 agravaba la pobreza, las personas enfrentaron obstáculos para acceder al Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social.