El anuncio oficial de España, Noruega e Irlanda del reconocimiento de Palestina como Estado (28/V/2024) y que por doquier, ha dado mucho que hablar, se produce tras la solicitud de órdenes de arresto por parte del Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Ahmad Khan (1970-54 años), contra el Presidente del Estado de Israel, Benjamín Netanhahu (1949-74 años) y el Comandante del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yoav Galant (1958-65 años).
Este reconocimiento es un guiño que requiere de muchos más movimientos, al objeto de convertirse en hechos concretos y conseguir el punto y final de la masacre que no cesa en Gaza. Aun así, configura en sí mismo una medida emblemática y digamos de calibre, pudiendo empujar a otros países a orientarse en el mismo rumbo. De hecho, en las últimas semanas han exhibido encontrarse en la misma onda por seguir la misma senda, tanto Bélgica como Malta y Eslovenia.
Con esta última decisión, de los 193 Estados integrantes de Naciones Unidas, ya son 147 los que reconocen Palestina. Es decir, implican más de tres cuartos del planeta. Muchos lo hicieron en lo distanciado del tiempo, cuando en 1998 el Consejo Nacional Palestino en el exilio proclamó el Estado palestino. En cambio, otros se han incluido en los años venideros. Sin duda, los términos numéricos son ponderados por la correlación de fuerzas concéntricas que subyacen. Ello lo corrobora los miembros pertenecientes a la Unión Europea (UE) que han optado por el mismo camino, como Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia y Chipre.
Curiosamente las potencias del Viejo Continente con más fuste, llámense Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, no lo han hecho todavía, como tampoco Estados Unidos, Japón, Canadá o Austria. Del mismo modo, en el seno de Naciones Unidas la mayoría numeral colisiona con el porte de acción de una minoría, porque tres de los cinco Estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, no han reconocido aún el Estado palestino.
Obviamente, este panorama discordante hace terciar la oscilación contra los intereses y derechos del pueblo palestino, sobre todo, en lo que atañe a Washington, que a lo largo de los años ha obstaculizado y continúa acorralando a diestro y siniestro, cuantiosas Resoluciones contra las políticas injustificadas israelíes. Recuérdese al respecto, que en los últimos meses Estados Unidos ha impedido tres Resoluciones en favor de un alto el fuego inmediato en Gaza. Al igual que en una votación del Consejo de Seguridad, ha imposibilitado el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas.
Dicho esto, el reciente reconocimiento del Estado palestino por estos tres actores, desenmascara el desgaste de Israel, pero queda vacío en su operar sobre el terreno. La magnitud indescriptible de la devastación sucedida en Gaza y ahora en Rafah, la ciudad más meridional de la Franja, demanda de mayores medidas de presión para apremiar a Tel Avic a contener sus acometidas y negociar una paz justa que conlleve el fin de la ocupación de los espacios palestinos y la garantía de derechos para sus habitantes. A día de hoy, el incremento de asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania, más el traslado de población del Estado invasor al territorio ocupado, frustra a todas luces la conexión territorial de lo que instauraría un futuro Estado palestino.
“Al reconocer a Palestina como un estado soberano, España remite un mensaje de que la solución de ‘dos Estados’ es no únicamente potencial, sino imprescindible para una paz perdurable en la región y en la que se realce un paisaje de concordia y convivencia”
En otras palabras: el Gobierno israelí declara sin ambages la boga de prolongar la soberanía israelí desde el río Jordán hasta el mar y una vasta mayoría parlamentaria objeta el reconocimiento de Palestina.
Como es sabido, desde 2007, Gaza está oprimida a un bloqueo israelí en toda regla, con la vigilancia de sus fronteras terrestres y de su espacio aéreo y marítimo e irrupciones militares. Cisjordania y Jerusalén Este están ocupado por más de 700.000 colonos israelíes, preservados por el ejército y un frívolo mecanismo de apartheid, con inspecciones militares, edificación de nuevas colonias, cientos de puntos fijos de control, detenciones vejatorias, correctivos colectivos, limitación de movimientos, vías de utilización exclusiva israelí y una barrera de 700 kilómetros provechada con cinismo para la anexión de otras zonas.
Luego, no existe probabilidad alguna de un Estado palestino con soberanía plena en semejante situación de asedio. Porque Israel no lleva años, sino décadas, contraviniendo diversas Resoluciones de Naciones Unidas que demandan el repliegue inexcusable del Ejército Israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ocupados en 1967 y que totalizan, nada más y nada menos, que el 22% de la Palestina histórica.
Sin soslayar, que entre los años 1947 y 1967, respectivamente, a través del Plan Dalet, una estrategia sionista de expulsar a la población árabe de Palestina para controlar el territorio y establecer el Estado de Israel y de la guerra, Israel se anexionó un 30% más de la superficie que le pertenecía, según el procedimiento de partición de la ONU y desalojó a miles de palestinos.
A pesar de los flagrantes quebrantamientos sistemáticos, Estados Unidos y los países europeos conservan vínculos comerciales con Israel, cuyo ejército posibilita la urbanización y sostenimiento de las instalaciones. Washington es el mayor consignatario financiero y militar del Estado hebreo y su gran patrocinador diplomático, lo que ha conformado el ensanchamiento de las colonias israelíes en la circunscripción palestina. Conjuntamente, la UE es un socio destacado de Tel Avic a través de un compromiso comercial de asociación, cuyo artículo dos insta a la observancia de los derechos humanos por ambas partes.
La mayoría de los estados europeos que adquieren y, a su vez, transfieren material militar a Israel, continuaron realizándolo tras el comienzo de la masacre contra civiles en Gaza, incluida España. Todo ello, contrariamente a que el Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe su cesión a países que las empleen contra civiles.
Y en relación a la compra de armamento israelí, España concretó una nueva operación en febrero del presente año. Israel acostumbra a publicitar sus armas con el señuelo de que habían sido “testadas en combate”, lo que en el período actual denota que han podido ser dispuestas en Gaza sobre la población civil.
Las sanciones impuestas por la UE contra la Federación de Rusia o la retirada de la embajadora de España en Argentina por unas manifestaciones del Presidente Javier Gerardo Milei (1970-53 años), desentonan a más no poder con la posición hacia el Gobierno israelí. Lo cierto es que los países europeos prosiguen sus lazos comerciales con Israel, a pesar de los guarismos dramáticos de fallecidos y heridos en Gaza, con pruebas incuestionables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Si bien, el Ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno (1972-52 años), volvió a considerar a Israel como “amigo de España”.
A resultas de todo ello, en 2012, la Asamblea General de la ONU dio luz verde al reconocimiento de Palestina como Estado observador de esta organización, lo que posibilitó poder incorporarse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otros tratados. Este paso habilitó la práctica del Derecho Internacional, como señalaba el Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI). Tres años más tarde, en 2015, el TPI aceptó a Palestina como miembro y en 2021, se expuso competente para poner en claro los crímenes en los territorios palestinos. Esto ha confluido en la primera solicitud de la historia de órdenes de arresto por el Fiscal Jefe de esta Corte, contra dos representantes destacados de un país aliado de Estados Unidos: el Primer Ministro israelí y su Ministro de Defensa, culpados de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Mientras tanto y a la expectativa de lo que resuelva un panel de jueces del TPI, este ejercicio del Tribunal ofrece algunos instrumentos a los Estados para que procedan convenientemente, poniéndose algo más complicado a las administraciones que se aferran en respaldar a Israel y en no asumir medidas reales.
Los países pueden emprender denuncias ante los Tribunales Internacionales o añadirse a la ya existentes en la Corte Internacional de Justicia, que aceptó a trámite la petición contra Israel por genocidio. Asimismo, pueden cancelar transitoriamente las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno israelí, lo que entraña interrumpir la compra de material militar testado y empleado sobre la población palestina.
Por otra parte, para observar el Tratado sobre el Comercio de Armas suscrito por España en 2014, ha de suspenderse la remesa de armas y supervisar los periplos de los barcos con dirección a Israel, para no convertirse en puerto de tránsito. Sin estas pautas, la señal es clara para Israel. Lo más apremiante transita por promover iniciativas que urjan el fin de la masacre en Gaza, del aislamiento de la ayuda humanitaria y del desplazamiento violentado.
La denominada ‘solución de los dos Estados’ es explotada como papel mojado desde hace muchos años como una argumentación vacía de contenido y que sirve para dar un puntapié en favor de la política de hechos consumados de Israel. Si se reivindica un Estado palestino, hay que contemplar que éste no es admisible bajo ningún concepto con la ocupación israelí vigente y, por tanto, habrá que inspirar diversas acciones para acabar con ella.
Indiscutiblemente, ello demanda de una Comunidad Internacional emprendedora, enérgica y dinámica para exigir a Israel que verifique las Resoluciones de Naciones Unidas y aleje la fórmula de apartheid contra la población palestina. El relato de la ocupación israelí a lo largo de las décadas justifica que las medidas alegóricas no son suficientes.
En las últimas semanas, Netanyahu, ha insistido en su rehúso a cualquier mínimo resquicio de ‘dos Estados' para la crisis israelo-palestina, sosteniendo literalmente: “No transigiré con el pleno control de seguridad israelí sobre todo el territorio al Oeste de Jordania, y esto es contrario a un Estado palestino”. Aunque el Primer Ministro israelí jamás se ha inclinado por la salida de los ‘dos Estados’, ésta durante décadas ha tenido una importante defensa de gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Egipto. Pese a ello, parece estar más lejano que nunca, porque algunos lo exteriorizan textualmente como algo que está “muerto”.
Para una mínima lucidez de la solución de los ‘dos Estados’, se retrata un plan para llevar a término un Estado palestino separado de Israel. Evidentemente, el propósito es no quitar ojo de las pretensiones palestinas de autodeterminación nacional sin socavar la soberanía de Israel.
La primera tentativa de introducir Estados separados se ocasionó antes de la Independencia de Israel (14/V/1948). Un año antes, Naciones Unidas prescribió la Resolución 181 en la que se hilvanaba un diseño de partición que desmenuzaba el Mandato de Palestina bajo el control británico en Estados judíos y árabes disociados. Los límites fronterizos formulados por la ONU jamás se plasmaron. Acto seguido de que Israel emitiera su soberanía, Siria, Jordania y Egipto la ocuparon, produciendo la primera guerra árabe-israelí (5-V-1948/10-III-1949). El resultado de este conflicto se pormenorizaría en más de 700.000 palestinos relegados del Estado de Israel, escapando a Cisjordana, Gaza y estados árabes contiguos.
Con lo cual, existen distintas valoraciones sobre el formato que habría que implementarse sobre un posible Estado palestino. Algunos analizan que la ‘línea verde’ de 1949 es la frontera que mejor encajaría para los Estados concernientes. Este trazo se perfiló durante los Acuerdos de Armisticio entre Israel y sus vecinos tras el conflicto bélico de 1948, siendo la frontera del momento entre Israel y Cisjordania y Gaza.
Ahora bien, tras la Guerra de los Seis Días (5-VI-1967/10-VI-1967), no hay que dejar en el tintero que Israel ocupó Cisjordania y Gaza junto con Jerusalén Este y los Altos del Golán, concitando la atención mundial y resultando clave en la geopolítica de la zona. La mayoría de los debates corresponden a la cristalización de ‘dos Estados’ a lo largo de las fronteras precedentes a 1967. Esto apuntaría que el nuevo Estado palestino estaría constituido por Cisjordania, antes de los asentamientos israelíes y Gaza. ¿Y cómo se asignaría Jerusalén? Claro, si es que se reparte, ha sido y es, el caballo de batalla del cisma abierto en este dibujo.
La estampa de estabilidad que sugiere la solución de los ‘dos Estados’, conocida como ‘soberanía estatal’ en política internacional, es la autoridad concedida al gobierno de una nación dentro de sus límites y sobre ellos. La soberanía estatal se precisó por medio de la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU, estableciendo a los gobiernos el control absoluto para gestionar las prescripciones de sus fronteras, además de conformar las relaciones con otros países en organismos formales y salvaguardarlo de la intrusión de otros actores en virtud del Derecho Internacional.
Indiscutiblemente, esto es algo que se da por hecho, porque la inmensa mayoría de los residentes del planeta, viven o están legítimamente bajo la competencia de un Estado soberano. Dicho lo cual, como anteriormente he expuesto, el Estado de Israel se dispuso determinadamente en 1948 mediante la concepción política del sionismo, como movimiento para asentar una patria judía. La finalidad era forjar un Estado soberano con fronteras, un gobierno y un ejército que proporcionara al pueblo judío voz política y un lugar exento de la intimidación antisemita. Pero no sería hasta que otros estados fijaron nexos diplomáticos con Israel, yuxtapuesto a su ingreso en la ONU en 1949, cuando logró una soberanía estatal comparable a la de otros países. Más de 160 miembros de la ONU reconocen en nuestros días a Israel y entre los que no lo hacen se hallan Irán, Arabia Saudí, Siria, Indonesia y Malasia.
Desde la finalización de la Guerra de los Seis Días, más de 5 millones de palestinos que no son ciudadanos de otra nación se han convertido en apátridas. O séase, sin ninguna nacionalidad. Y Cisjordania y la Franja de Gaza persisten en un halo institucional, como enclaves semiautónomos bajo la dirección de Israel.
Aunque 139 miembros de la ONU reconocen un Estado de Palestina, los órganos de gobierno de Gaza y Cisjordania no gozan del control sobre su seguridad y fronteras. De ahí, que la autodeterminación de los palestinos mediante la instauración de un Estado soberano, ha sido y es la piedra de la discordia en el caminar del accionar político palestino durante décadas.
Llegados a este punto, en los comienzos de los noventa se prosperó con convencimiento hacia una escapatoria de ‘dos Estados’. Las negociaciones se iniciaron en gran parte como derivación de los levantamientos palestinos en Gaza y Cisjordania, conocido como la ‘Primera Intifada palestina’ o ‘Revuelta de las piedras’ (8-XII-1987/13-IX-1993). Posteriormente, en 1993, el Primer Ministro israelí, Isaac Rabin (1922-1995) y el Jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasir Arafat (1929-2004), se reunieron en Oslo y rubricaron el primero de dos pactos, denominados los ‘Acuerdos de Oslo’.
Ni que decir tiene, que en aquel instante no se contempló como un encuentro entre iguales, porque Rabin personificaba el emblema de un Jefe de Estado soberano, mientras que Arafat era el líder de una organización que había sido calificada por Estados Unidos grupo terrorista. Pero finalmente consiguieron concretar un acuerdo, eso sí, tras significativas cesiones por ambos y que sentó las bases para el tan ansiado ‘Estado palestino independiente’. Amén, que aunque no se indicaba explícitamente los límites fronterizos de 1967, sí que se hacía alusión a “un acuerdo basado en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU”, que requería la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes “de los territorios ocupados en el reciente conflicto”.
“La denominada ‘solución de los dos Estados’ es explotada como papel mojado desde hace muchos años como una argumentación vacía de contenido y que sirve para dar un puntapié en favor de la política de hechos consumados de Israel”
Por fin, en 1995, se firmó el II Acuerdo de Oslo en el que se definía la subdivisión de las franjas administrativas de las zonas ocupadas. Sin ambages ni rodeos, Cisjordania se fraccionó en espacios inspeccionados por Israel, la Autoridad Palestina (AP) y una operación conjunta. Era la primera evidencia hacia el traspaso de tierras en las demarcaciones ocupadas. Pero transcurridas escasas semanas, Rabin fue asesinado por un nacionalista judío descontento por las adjudicaciones hechas por Israel. De manera, que las negociaciones entre ambas partes quedaron estancadas y la voluntad política comenzó a disiparse.
Durante las décadas subsiguientes la evasiva de los ‘dos Estados’ no ha hecho sino que volverse más enrevesado por algunas lógicas que sucintamente aludiré: Primero, la progresión de gobiernos conservadores en Israel y la sombra de empuje político firme por parte de Estados Unidos; segundo, el influjo político cada vez inferior de la AP de Mahmud Abás (1935-88 años) y la escalada de Hamás en Gaza que indujo a una desmembración política entre los dos territorios palestinos; tercero, las amenazas de Hamás de hacer polvo a Israel y su desaprobación a reconocer al Estado israelí como legítimo; cuarto, la incesante intensificación de los asentamientos israelíes en Cisjordania, que ha transformado la zona en una serie cada vez más inapreciable de minúsculas comarcas enlazadas por puntos de controles militares; quinto, la caída del respaldo al modelo tanto entre los israelíes como los palestinos; y sexto, el hervor intimidatorio político prolongado en ambos bandos.
Por supuesto y a criterio de varios analistas, en este entresijo ninguna persona o personas, ha hecho más por destruir la tesis de los ‘dos Estados’, como Netanyahu y el ala de su partido. Para ser más preciso en lo fundamentado, en 2010, salió a la luz una grabación filtrada del año 2001, en la que alardeaba al pie de la letra de haber “puesto fin de facto a los Acuerdos de Oslo”. Hoy por hoy, algunos defienden el colofón de un único Estado, en la que se otorgaría la nacionalidad israelí a los palestinos de Gaza y Cisjordania para moldear un Estado democrático y étnicamente pluralista.
Si bien, los árabes constituyen en torno al 20% del conjunto poblacional de Israel, el término de un ‘solo Estado no’ sería políticamente factible. Y en atención al movimiento político sionista, Israel ha de seguir perdurando como un Estado de superioridad judía y asignar a los palestinos la ciudadanía en los territorios ocupados, ya que lo debilitaría cualitativa y cuantitativamente. Y otra hipotética teoría de un ‘solo Estado’ no es posible por un discurso incontrastable. Me explico: los ministros más ultraderechistas del parlamento hebreo han preconizado ahondar más en el control soberano sobre Cisjordania y Gaza e impulsar los asentamientos judíos masivos en estas extensiones. Tal hecho induciría al arrebato de la comunidad mundial y de las organizaciones de derechos humanos, al entenderse como lo similar a una limpieza étnica.
En consecuencia, el reconocimiento de Estado de Palestina por parte de España, Noruega e Irlanda, retoca el tablero internacional y al igual que otros países occidentales, España ha sostenido una actitud turbia con relación al conflicto. Tradicionalmente, ha secundado la solución de ‘dos Estados’ asentada en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital de Palestina. No obstante, la formalización de esta posición con el reconocimiento, simboliza un cambio trascendente en su política exterior.
La buena sintonía de algunas fuerzas políticas españolas no es sólo una materia de unificación ideológica, sino igualmente una réplica a las graduales reivindicaciones y presiones internas. Así, numerosas esferas de la sociedad, incluidas organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y partidos políticos, han mediado durante años por el reconocimiento público. Distinguen que esta postura es una clara muestra para nivelar la báscula en un contexto siempre de conflicto, que de otra manera beneficia asimétricamente a Israel.
Sobraría mencionar en estas líneas, que la decisión de España podría desatar una reacción en cadena, estimulando a otros estados a recapacitar sobre su postura. Al mismo tiempo, este reconocimiento podría vivificar las negociaciones de paz.
Finalmente, al reconocer a Palestina como un estado soberano, España remite un mensaje de que la solución de ‘dos Estados’ es no únicamente potencial, sino imprescindible para una paz perdurable en la región y en la que se realce un paisaje de concordia y convivencia. Y como no podía ser de otra manera, el reconocimiento oficial de España es una acción cargada de solidaridad, dignificando que está al tanto de cada una de las dificultades que le acompañan y fundamenta sin ambigüedades su derecho a la autodeterminación.
