Incertidumbre total respecto a los transfronterizos a falta de diez días

Dentro del plan de reapertura de las fronteras de Melilla y Ceuta con Marruecos, el siguiente paso acordado por ambos países se dará, teóricamente, el día 31 de mayo, cuando los trabajadores transfronterizos podrán volver a cruzar de un país a otro.

Sin embargo, dado que los contratos a este tipo de empleados son anuales, tan sólo entre 80 y 90 de ellos posee la documentación en vigor y un trabajo legal y válido. A alrededor de 2.000 personas les falta algún papel. Y eso sin contar con los ciudadanos marroquíes que nunca han sido trabajadores transfronterizos y ahora querrán trabajar en ello. En ese caso, deben saber que necesitarán contar con un Certificado de Insuficiencia expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que confirme que no hay ciudadanos nacionales, ni tampoco comunitarios, que hayan solicitado un empleo en esa categoría, ya que gozarían de preferencia.

En efecto, son muchas las dudas todavía, también al otro lado de la frontera. En Nador, Mohamed Raisse fue a preguntar al Consulado hace unos días. Antes del cierre de la frontera en 2020, él llevaba 17 años trabajando con la grúa en el depósito municipal de la Ciudad Autónoma.

Según ha confesado a El Faro, su jefe no le coge el teléfono pese a que lleva cinco meses llamándolo para que le envíe el contrato con el fin de poder entrar en Melilla. “Le he pedido que me mande un precontrato para enseñar en el Consulado, pero nada”, lamenta Raisse. Allí le dijeron que estaban “estudiando la situación” y que el día 31 le indicarían la manera para entrar en la ciudad autónoma, si con un visado o algún otro documento. “Aún no sabemos nada”, cuenta que le dijeron. Este ciudadano afirma que se encuentra “fatal” y que no entiende cómo después de 17 años en la misma empresa no tiene derecho a “ayudas, ni paro, ni nada”.

Por tanto, quitando a la casi centena de trabajadores que permanecen con sus documentos en regla y el contrato de trabajo en vigor, ante el resto se abre un mundo de incertidumbre que ya veremos cómo se resolverá. El Gobierno no puede intervenir en decisiones empresariales sobre a quién se contrata o no. Su función es simplemente abrir la frontera y regular el tránsito. Tan sólo la Inspección de Trabajo puede intervenir cuando se denuncia algún incumplimiento en materia laboral.

“Un dilema”

Si en el puesto que ocupaba el transfronterizo está ahora otra persona que lo ha sustituido durante todo este tiempo, el empresario tendrá “un dilema”, según el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Melilla (UGT), Francisco Díaz, quien cree cree que es muy probable que muchos casos acaben en los juzgados.

Tal como ha manifestado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la ciudad autónoma, Francisco López, “la ley es muy clara y, si hay una persona que ocupa el puesto, no puede ser ocupado por un transfronterizo”.

Si no, el empresario correría el riesgo de tener que indemnizar a su trabajador nacional y hacer frente a todo el papeleo del transfronterizo. En su opinión, el mayor inconveniente al que se va a enfrentar el transfronterizo es la dificultad de que el empleador quiera seguir contando con ellos, ya que, tratándose la mayoría de las veces de contratos anuales, la mayoría se terminó. Algunos de estos trabajadores tienen pendiente un juicio contra la empresa cuando se les dio de baja en la Seguridad Social. En el caso de aquellas personas cuyo contrato sigue en vigor, no se prevén problemas.

En este sentido, Díaz ha indicado que, en su opinión, habría que encontrar la fórmula para facilitar los permisos necesarios a aquellos ciudadanos que llevan un tiempo de, al menos, entre 10 y 15 años en Melilla. Además, ha recordado que, si se priva a estas personas de la posibilidad de trabajar en la ciudad, se les está retirando el derecho a una posible jubilación, cuestión con la que es preciso ser “muy sensible”.

También CCOO ha reclamado mejores condiciones laborales para los trabajadores transfronterizos. López ha hecho alusión al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que “adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción”. Con la nueva reforma laboral, además, esos 18 meses se han convertido en 15.

Por tanto, y teniendo en cuenta la normativa, lo que el sindicato solicita es que “a esos transfronterizos se les aplique la legislación y, si tienen que ser indefinidos, lo sean”. En su opinión, no hay que hacerles contratos anuales, sino que ya se pueden hacer indefinidos porque, cuando a esa persona se le dé de baja en la Seguridad Social, automáticamente y de manera digital su permiso queda anulado y, cuando intente cruzar la frontera, se encenderá la luz roja y no podrá pasar. “Sería una fórmula muy buena para todos”, ha aseverado.

Mientras que ese momento llega, López ha advertido de que, cuando se abra la frontera para este colectivo, se pueden encontrar un problema si acuden a su antiguo puesto de trabajo y el empresario les dice que ya no está disponible. Y este asunto, ha concluido, no ha sido abordado hasta el momento en ninguna reunión entre empresarios y sindicatos, y tampoco se han manifestado al respecto las autoridades.