IMPRESENTABLE delegada del Gobierno

La calidad democrática de un país no se mide únicamente por la existencia de una Constitución o por la celebración periódica de elecciones. Se mide, sobre todo, por la conducta de quienes ejercen el poder y por su capacidad para respetar derechos fundamentales como la libertad de prensa, de información y de opinión. Cuando una representante del Estado responde al trabajo periodístico con gritos, insultos e intentos de intimidación, el problema deja de ser anecdótico para convertirse en un síntoma grave de deterioro democrático.

La delegada del Gobierno en Melilla ha demostrado con sus actos un escaso talante democrático incompatible con la responsabilidad institucional que ostenta. Lo ocurrido durante la rueda de prensa ofrecida este martes por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, no admite justificación alguna cuando una redactora de este medio solicitó realizar una fotografía individual al secretario de Estado, una petición habitual en el ejercicio del periodismo. La reacción de la delegada del Gobierno fue un estallido de gritos, insultos y expresiones fuera de lugar dirigidas tanto a la profesional como al medio para el que trabaja, con una clara voluntad de amedrentar y avasallar con el cargo que ostenta a quien se limitaba a hacer su trabajo.

No estamos ante una simple falta de educación o una salida de tono puntual. Se trata de un intento explícito de intimidación a una periodista dentro de una institución pública. Y eso, en una democracia, es especialmente grave. La delegada del Gobierno no actuó como una ciudadana particular, sino como la máxima representante del Gobierno de España en Melilla y en presencia del secretario de Estado de Política Territorial, utilizando su posición de poder para imponer su criterio y expresar su enfado de manera agresiva, como si la libertad informativa fuera una provocación personal.

Este episodio no se trata de un hecho aislado. Ya con anterioridad, la delegada protagonizó reacciones similares frente a este mismo medio tras la publicación de informaciones que no encajaban en el relato que ella pretendía imponer. En lugar de aceptar la crítica, contrastar datos o ejercer su derecho de réplica por los cauces democráticos habituales, optó por el reproche airado, los malos modos y la presión. Cuando una conducta se repite, deja de ser una anécdota para convertirse en un patrón preocupante.

Nuestro Estado de Derecho contempla de manera clara la libertad de información, de opinión y de pensamiento. No son derechos accesorios ni concesiones del poder político, sino garantías esenciales frente a sus posibles abusos. Sin embargo, la actitud de la delegada del Gobierno en Melilla recuerda peligrosamente a prácticas propias de otra época. Durante la dictadura franquista, el gobernador civil tenía la potestad de decidir qué se publicaba en los periódicos, cuándo, cómo y con qué fotografía. La prensa no era libre, sino un instrumento sometido al control del poder.

A la vista de los hechos, no resulta exagerado afirmar que la actual delegada del Gobierno se habría sentido más cómoda en aquel contexto autoritario que en la España democrática del siglo XXI. Su reacción ante los hechos ocurridos durante la mencionada rueda de prensa en presencia de autoridades y otros compañeros de los medios de comunicación, evidencian una concepción del poder basada en el protagonismo personal, la imposición y la intolerancia hacia la autonomía de los medios de comunicación.

Todo aquello que se sale de su control parece provocarle una reacción furiosa, impropia de una secretaria general del PSOE -partido que dice defender los derechos de los trabajadores y a los que no respeta (de lo que ha dado sobradas muestras)-, y de una delegada del Gobierno en Melilla.

El Faro de Melilla es un medio privado, con plena independencia editorial. No es un órgano de propaganda ni un altavoz del poder político. Ningún cargo público, por elevado que sea, tiene derecho a dictar qué se publica, a quién se fotografía o cómo se informa. Mucho menos a hacerlo a base de gritos, insultos o intentos de intimidación dirigidos a profesionales que cumplen con su obligación de informar a la ciudadanía.

Cuando la representante del Estado en Melilla, con sus actuaciones dictatoriales, incomprensibles y reiteradas, cruza esta línea roja, solo podemos decir que flaco favor le hace Gobierno de España y a la propia Melilla. La Delegación del Gobierno no es una extensión del ego personal de quien la dirige, ni un espacio donde imponer silencios. Es una institución que exige templanza, respeto y aceptación de la crítica, incluso cuando esta resulta incómoda.

Melilla merece una representación institucional acorde con los valores democráticos y constitucionales de la España actual. Merece una delegada capaz de convivir con la crítica, respetar la libertad de prensa y entender que el poder público está sometido al escrutinio ciudadano. Cuando lo que se impone es la intimidación, el desprecio al periodismo independiente y una actitud propia de otros tiempos, la pregunta resulta inevitable y legítima: ¿puede alguien con este comportamiento representar dignamente al Gobierno de España en Melilla?

A la vista de los hechos, la respuesta parece cada vez más clara.