En el pleno de la Asamblea de Melilla, el diputado no adscrito Javier Da Costa ha cuestionado al Gobierno autonómico sobre las gestiones realizadas tras la negativa de la Comisión Europea a establecer una obligación de servicio público (OSP) en las rutas aéreas de la ciudad. Esta decisión impide limitar tarifas y garantizar frecuencias mínimas, algo que, según Da Costa, sigue perjudicando a los melillenses, quienes enfrentan precios elevados y frecuentes cancelaciones debido a la climatología.
El diputado ha recalcado que no pide “privilegios para Melilla”, sino justicia social, y ha denunciado el creciente aislamiento de la ciudad autónoma. Ha comparado la situación con la de Ceuta, que cuenta con más conexiones marítimas y ha reclamado una mejora urgente de la conectividad tanto aérea como marítima. “Tenemos tres salidas: la frontera terrestre, que depende de decisiones políticas de Marruecos, los barcos y los aviones. Si los vuelos son caros, escasos y se cancelan, ¿qué nos queda?”, ha preguntado en tono crítico.
Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha respondido que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano, a pesar de carecer de competencias directas y de financiación estatal. Ha destacado que se invierten entre seis y siete millones de euros anuales en subvenciones al transporte, especialmente dirigidas a facilitar el acceso de turistas y residentes.
Imbroda ha explicado algunas de las gestiones impulsadas por su Ejecutivo, como la negociación para la incorporación de vuelos nocturnos o la implantación del servicio de combustible en el aeropuerto, inexistente hasta hace poco. También ha recordado que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy se logró establecer una OSP en las rutas a Sevilla, Granada y Almería, con subvenciones que siguen vigentes y permiten limitar precios.
Sin embargo, ha reconocido que ampliar ese régimen a otras rutas choca con la normativa europea, que no permite aplicar la OSP en líneas ya operativas, al considerarlo una distorsión del mercado. Según Imbroda, la solución pasa por que el Gobierno de España defienda en Bruselas un trato específico para Melilla como zona de especial desventaja geográfica.
"Así que el Gobierno de España, el señor Sánchez, tenía que haberlo hecho. No lo ha hecho, no se ha preocupado y ni se preocupa, ni le importa".
El debate ha puesto de manifiesto la frustración compartida por las limitaciones que enfrenta Melilla y la necesidad de una respuesta más firme por parte del Estado para garantizar una conexión aérea digna, estable y asequible con el resto del territorio nacional.