Imbroda “no vería mal” un órgano para evaluar las ayudas sociales

Los cepemistas reclaman al Gobierno melillense una herramienta para comprobar la eficacia de las iniciativas llamadas a combatir el desempleo y la pobreza.

Coalición por Melila (CpM) centró su segunda interpelación de la mañana en uno de sus principales caballos de batalla: La lucha contra la pobreza. No obstante, en esta ocasión la demanda de los cepemistas no versó sobre medidas a tomar para paliar los efectos de esta lacra social, sino acerca de la creación de un órgano de seguimiento para evaluar la eficacia con la que se han aplicado las últimas iniciativas y así mejorar su efectividad.
El líder cepemista, Mustafa Aberchán, apuntó que la radiografía social de la ciudad autónoma es “muy preocupante”, ya que el paro afecta al 32% de la población y la pobreza al 30%. “Esta triste realidad debe llevar a la responsabilidad del Gobierno local y a la corresponsabilidad de la oposición de dedicar mayor atención a los recursos públicos que se destinan a combatir esta situación”, agregó.
La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, señaló que el presupuesto de su área se ha incrementado en un 267% desde el año 2003 con el objetivo de ofrecer más asistencia a los melillenses en situación de necesidad. Entre otras actuaciones, destacó la creación de nuevos centros y comedores sociales en las barriadas más desfavorecidas de Melilla, así como la redacción de un Plan Sobre el Estado de la Pobreza y el de uno sobre Inclusión Social que se encuentra en desarrollo. Asimismo, recordó que en la actual legislatura se ha creado un área de Gobierno dirigida en exclusiva a potenciar el desarrollo de los distritos IV y V, donde se localiza el grueso de la población en situación de necesidad.
Aberchán dio la razón a Garbín en cuanto al incremento presupuestario, pero apuntilló que “aunque se aplauda la inversión, la situación continúa empeorando”. Además recalcó que la mayor parte de los melilenses que se encuentra bajo el umbral de la pobreza no reciben ningún tipo de atención social. “Apoyamos los Presupuestos de este año aún estando en desacuerdo con algunas de sus partidas y con la esperanza de que el Ejecutivo local se comprometiera a mejorar otras”, aseveró el líder de CpM, “es cierto que para este ejercicio Bienestar Social ha subido asignación, pero considero que debería haberse duplicado”, afirmó.
“Hay que combatir la crisis donde más afecta y Melilla es una de las autonomías más perjudicadas por esta situación", concluyó Aberchán, quien reiteró su petición de un mayor esfuerzo en partidas sociales y un control sobre los resultados conseguidos.
El último turno de palabra del Grupo Popular lo protagonizó el presidente Imbroda, quien subrayó que “no le parecía mal” la creación de alguna herramienta para evaluar la eficacia de las medidas de calado social y evitar duplicidades con las que ponen en práctica distintas áreas del Ejecutivo autonómico. No obstante, destacó que el Gobierno local “no puede abrir la mano” para prestar ayuda de manera indiscriminada, ya que buena parte de la población local, un 12%, son inmigrantes del país vecino.
Asimismo, señaló que la principal medida para combatir la pobreza es la creación de puestos de trabajo y que ésta es la vertiente en la que está trabajando su Gobierno. Aunque la interpelación finalizó sin un acuerdo claro para la creación de un órgano de seguimiento, las palabras de Imbroda hacen augurar que el Gobierno local evaluará esta propuesta en breve, pues mostró, aunque con tibieza, su acuerdo.

El presidente confía en el Puerto para que Melilla siga creciendo.

En respuesta a una pregunta de los cepemistas sobre el proyecto de ampliación del Puerto comercial en 51 hectáreas, el presidente autonómico recordó que esta iniciativa “quedó congelada” durante la pasada legislatura y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentra evaluando de manera pormenorizada la obra.
Imbroda se mostró convencido de que la ampliación portuaria será una realidad, al tiempo que recordó que se convertirá en una pieza imprescindible para asegurar el futuro económico de la ciudad autónoma.