Imbroda insiste en que hay que dejar trabajar a la Justicia

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha insistido este lunes en que es necesario dejar trabajar a la Justicia y esperar al levantamiento del secreto sumarial que existe en estos momentos antes de hacer cualquier valoración sobre las noticias que están apareciendo en los medios con respecto a la operación Santiago-Rusadir. Se refería en concreto a la decisión de la defensa de la exviceconsejera Yonaida Selam de presentar una queja contra la juez instructora ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Hay que respetar a la Justicia y dejar a la juez que haga su trabajo. Luego, cuando levante el secreto de sumario, cuando sepamos qué es lo que hay realmente en esas diligencias, tomaremos decisiones. Ahora mismo desconocemos lo que hay", manifestó.

En su opinión, lo que toca en estos momentos es "esperar, ser responsables y aguardar a ver qué dice la Justicia", apuntó para añadir que espera que eso se produzca "más pronto que tarde". "Esperaremos hasta que podamos acceder al sumario una vez que lo tengan acabado y estén finalizados los trabajos judiciales y administrativos que están haciendo. Por lo tanto, respeto máximo a la Justicia y ver qué es lo que hay".

Ello no impide al presidente Imbroda a considerar que hay "comentarios" que "no ayudan en nada" a la labor de la Justicia, que "debe ser objetiva". Aludía así a las últimas noticias que se conocen acerca de la queja presentada por escrito por la defensa de Yonaida Selam contra la juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción que entiende en la causa.

"Yo no voy a entrar en más comentarios, que podría hacerlo en función de lo que he estado oyendo y leyendo estos días atrás, pero no lo voy a hacer precisamente por ese respeto que hay que tenerle a la labor de la justicia", comentó.

En definitiva, Juan José Imbroda asegura que esperará al levantamiento del secreto del sumario y entonces "sí, por supuesto, comentaremos lo que debemos comentar".

En cualquier caso, considera que es "muy grave" lo que ha ocurrido y recordó que no solo está trabajando el juzgado sino que también interviene la Fiscalía Anticorrupción. Además, señaló que no se puede olvidar lo que dijo el fiscal general del Estado, Álvaro Ortíz, en la nota que hizo pública en mayo pasado, durante la primera parte de la operación policial.

"Vamos a ver qué hay ahí pero de lo que se conoce en principio hay que decir que es algo muy preocupante y muy grave lo que ocurrió".

Decreto de la Fiscalía General

Como se recordará, el decreto de la Fiscalía General del Estado señalaba que esos “individuos afines o relacionados” con CPM “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.

“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agrega la Fiscalía General del Estado.

Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.

La Fiscalía General del Estado ya consideró hace casi un año que se trata de “un supuesto de especial trascendencia” incardinable en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), lo que permite que la Fiscalía Anticorrupción asuma el caso.

Así, justifica que los hechos suponen “una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada” y tienen gravedad y trascendencia “desde el punto de vista social y político” por “la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”, además de “la complejidad de las investigaciones” que se deben desarrollar.