El presidente del PP de Melilla y senador por el mismo partido, Juan José Imbroda, ha indicado que preguntaron al Gobierno central, en concreto, a Puertos del Estado sobre la construcción de la estación marítima. El objetivo era conocer si a esta entidad le constaba irregularidades en la obra, como se había denunciado desde la Autoridad Portuaria de Melilla con un informe de una auditoría privada que ha encargado esta entidad. Sin embargo, Puertos del Estado, según Imbroda, “dice que no hay nada”. En la respuesta a los dos senadores del PP, incluida Sofía Acedo, se indica que “las obras así como el posterior modificado han contado con los informes técnicos preceptivos del Ministerio de Transporte y de Puertos del Estado para llevarse a cabo”. De hecho, remarcó que la auditoría que presentó el Puerto de Melilla fue solicitada por el presidente de esta entidad, Víctor Gamero, “de forma particular y no corresponde a una empresa de auditoría inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Por ello, Imbroda aseveró que se ha encargado ese informe a “un compadre” que ha puesto en dicho documento lo que se deseaba por parte quien la encargó. También Puertos del Estado respondió a los senadores que se realizaron diferentes auditorías para verificar los gastos que se iban a declarar a la Comisión Europea y estas contaron con las siguientes verificaciones: “adecuación en su conjunto de las operaciones objeto del análisis de acuerdo con lo dispuesto en la decisión de la Comisión Europea de concesión de la ayuda; la elegibilidad de los gastos presentados a la cofinanciación; el cumplimiento de la normativa comunitaria; la adopción de actividades de información y publicidad; la verificación in situ de la realidad de las actuaciones; y el análisis de los procedimientos de gestión”. Por ello, la conclusión de Puertos del Estado es que “en los informes de control de resultado de las citadas auditorías no se obtiene ninguna evidencia de carácter fraudulento que pueda afectar a la operación cofinanciada”. Asimismo, indicó que la Intervención General de la Administración del Estado, que se encargó de la auditoría, emitió un informe de cierre el 21 de febrero de 2011 “con el mismo alcance realizado en los controles citados en el punto anterior no obteniéndose ninguna evidencia de carácter fraudulento”.