El PP de Melilla asegura que mantiene su coherencia en la acusación contra el presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, por el caso ‘voto por correo’. Los populares solicitaron en un escrito al juez, esta semana, que el cepemista cumpla la pena de dos años en la cárcel.
En una publicación por las redes sociales el presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, explica que el partido “lo único que hace es mantener la coherencia en todo este proceso, pero no condena, porque eso ya lo han hecho los Tribunales de Justicia”. Agregó que es la coherencia la que les “obliga a mantener la misma decisión ante unos delitos cometidos por otros y que afectan al fundamento mismo de la democracia”.
Imbroda recalcó que ante la perceptiva pregunta de la Oficina Judicial de Ejecución de Sentencias, el PP ha “mantenido la misma postura que a lo largo de todo el procedimiento judicial, el mismo al que dio lugar los delitos cometidos por el famoso voto por correo. Uno, es el de falsificación de documento público conlleva pena de prisión y eso, los que cometieron esos delitos, lo sabían desde el primer minuto”.
El popular señala en su escrito que no están ante la presencia de “odios o venganzas contra deudas pendientes”, sino en el momento de cumplimiento de una condena, “resultado de la comisión de graves delitos, que afectan a las libertades públicas y debilitan nuestras instituciones constitucionales”.
De la misma forma, el popular indica que “para nada es vinculante nuestra propuesta”, pues será el Tribunal quien tome la decisión sobre el cumplimiento de la pena impuesta.
El Partido Popular presentó una acusación particular en el caso del ‘voto por correo’. Este caso se remonta al 2008 y la causa se orientaba a la captación ilícita del voto bajo la promesa de la obtención de puestos de trabajos en los planes de empleo. En 2017 inició el juicio, un año más tarde se dictó sentencia y fue el 17 de febrero de este año cuando el Supremo ratificó la condena.
En la sentencia, el cepemista fue condenado a dos años de prisión y a otros dos años y medio de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como a pagar una multa. Ahora el Tribunal deberá decidir si ingresa o no en prisión.
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