Hasta 37.800 euros brutos anuales para conseguir aval del ICO en vivienda

El Gobierno ha actualizado las condiciones de la Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la compra de la primera vivienda, introduciendo un sistema de umbrales de renta que varía en función de la provincia donde se adquiera el inmueble. El objetivo de la medida es adaptar el acceso a esta ayuda pública a la realidad del mercado inmobiliario en cada territorio, facilitando la adquisición de vivienda habitual a jóvenes y familias con menores a cargo.

Con carácter general, el límite de ingresos se mantiene en 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), equivalente a unos 37.800 euros brutos anuales por persona. Sin embargo, este umbral puede elevarse en función de la provincia de compra.

En un primer nivel, se fija en 5,5 veces el IPREM en Las Palmas, Navarra, Cantabria, Alicante, Cádiz, Pontevedra, Melilla, Ceuta, Valencia y Zaragoza. En un segundo escalón, asciende a 6,5 veces el IPREM en Álava. El nivel más alto, de hasta 7,5 veces el IPREM, se aplica en provincias con mercados más tensionados como Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Vizcaya y Gipuzkoa.

El programa mantiene además los ajustes por situación familiar. En hogares con menores a cargo, el límite de ingresos se incrementa en 0,3 veces el IPREM por hijo. En el caso de familias monoparentales, la mejora puede alcanzar hasta un 70% adicional, ampliando de forma notable el acceso a la ayuda.

Otra novedad relevante es la ampliación del límite de patrimonio neto permitido para los solicitantes, que pasa de 100.000 a 150.000 euros. Con ello, el Ejecutivo busca ampliar el número de beneficiarios sin perder el enfoque en los hogares con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

La Línea de Avales del ICO cubre, con carácter general, hasta el 20% del préstamo hipotecario, porcentaje que puede elevarse hasta el 25% en determinados supuestos, como viviendas más eficientes energéticamente. Este mecanismo permite a las entidades financieras conceder hipotecas de hasta el 100% del valor de tasación o del precio de compra.

El plazo para formalizar estos préstamos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, en el marco de las políticas de apoyo a la emancipación juvenil y al acceso a la vivienda del nuevo Plan Estatal de Vivienda.