Gutiérrez recrimina al Gobierno por la falta de una política de inmigración global

Para el diputado popular no es admisible este “continuo  goteo”, pues como asegura, “es mucho el dinero invertido”. Además, demanda una mayor implicación entre los ministerios implicados, es decir entre Trabajo e Inmigración y el de Interior.

Antonio Gutiérrez, diputado nacional del PP por Melilla, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que la causa inmediata de las continuas entradas  de inmigrantes en Melilla, que en los últimos 30 días supera el centenar de personas, es “la falta de una política global de inmigración del Gobierno central”.
En su opinión, la actuación del Ejecutivo en esta materia ha sido siempre a corto plazo. “Se ha limitado, precisamente, a ir resolviendo los problemas pequeños o grandes que se producían en ciudades como Melilla o Ceuta, con determinados flujos y una presión migratoria en momentos puntuales”.
Por ello aseguró que el aspecto cuantitativo de la entrada de inmigrantes no es lo importante, sino precisamente esa falta de política global de inmigración, que se viene produciendo “desde el principio de la legislatura y que en el momento actual se hace todavía mucho más llamativa y más palpable”.
Para Gutiérrez, lo importante del momento que se vive en Melilla en materia de inmigración con este goteo continuo, “sea mucho, poco, normal o no” es que “no tiene ni debe producirse porque se ha invertido determinadas cantidades, –en la sirga tridimensional o política de frontera–, precisamente para evitar esto, tanto en la entrada de pateras o el intento, con mayor o menor éxito de salto de valla”.
Respecto al tema del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el diputado popular afirmó que “no es normal”, por ejemplo, que tenga 665 acogidos “independientemente de lo que anunció el delegado del Gobierno en Melilla, Antonio María Claret, de que el centro ha aliviado su presión como consecuencia de la devolución de inmigrantes”.
Así dijo que “no le convencía” y le parecía “poco sustentable” que la saturación del CETI dependa de la salida de los inmigrantes allí acogidos, a la vez que censuró que no se precise cuándo se llevan a cabo estos traslados ni a cuántas personas ha afectado. Cuestiones que, según su parecer, “hacen más  evidente y palpable de falta de una política global de inmigración”.
Reconoce asimismo que la temporada estival es propicia para que se produzca esa presión migratoria, pero también acusa al Gobierno de no “valorar en sus justos términos el tema de inmigración” y poner sólo “la voz de alerta en el momento que se produce”.
En definitiva, define la política de inmigración del Gobierno socialista de “errónea” e insiste que  falta una política general de los ministerios comprometidos. “No hay coordinación entre el área de Trabajo e Inmigración y la de Interior”, subrayó.
Sin embargo, el diputado popular por Melilla apunta algunas posibles soluciones a este problema, que desde su punto de vista pasarían, en primer término, precisamente por esa mayor coordinación interna, es decir entre los ministerios implicados y por otro, “también una mayor exigencia de cooperación por parte de otros países como por ejemplo Marruecos, donde con independencia de otros asuntos a negociar deberían, sobre todo en este época que los flujos aumentan, mantener reuniones bilaterales con objeto de que la política de Exteriores no quede desvinculada de esta materia”, aseguró el popular.
Así, por ejemplo, reclama que se tenga en cuenta las opiniones de las ciudades fronterizas, e incluso la de terceros países, pues aunque, según dijo, la responsabilidad afecte en este caso a España y Marruecos, “también hay otros estados que deben asumir su parte de compromiso”.
“Si hay tratados de buena vecindad en materia de inmigración, de reciprocidad, que se tengan en cuenta y que el Gobierno revise esos acuerdos y los pongan al día en cuestión de los flujos migratorios y del aumento progresivo de éstos. En ese aspecto, comentó, creo también que falta  una política resolutiva”.

Este jueves se podría tratar la pregunta sobre presión migratoria

Este próximo jueves día 20, el pleno del Congreso de los Diputados podría tratar la pregunta que el diputado del PP por Ceuta, Francisco Márquez, presentó en la Cámara referente a la presión migratoria que sufren tanto Melilla como la ciudad caballa.
Así lo confirmó ayer a El Faro el diputado por Melilla también del PP, Antonio Gutiérrez, quien dijo que al final de la jornada de ayer, tras la conclusión del pleno que se celebraba en el Congreso, se daría a conocer el contenido del siguiente.
Márquez presentó una pregunta dirigida al Gobierno de la Nacional sobre la presión migratoria y que ha provocado que tanto el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla como el de Ceuta estén saturados.
En la pregunta precisa si el Ejecutivo comparte las manifestaciones de la secretaria de Estado, Anna Terrón, quien la pasada semana dijo durante su estancia en Ceuta que la entrada actual de subsaharianos era admisible.
En la exposición de motivos de la pregunta se deja claro que la presión migratoria ha provocado “un incremento importante” en las entradas clandestinas.
Asimismo se recuerda que la capacidad de los CETIs en las dos ciudades autónomas se encuentra “seriamente comprometida” y desde el Partido Popular de Ceuta se reclaman medidas al Gobierno de la Nación para que se produzcan traslados de inmigrantes hacia la península, con el fin de aliviar en parte la presión y la capacidad que tienen estos dos centros.

El Congreso autoriza la reforma de la Ley de Extranjería

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería para mejorar la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular que sean víctimas de violencia machista o de trata de seres humanos con fines de explotación social. La aprobación ha sido refrendada por 339 votos y sólo una abstención y se modificarán los artículos 31 bis y 59 bis, por la cual las autoridades no abrirán expediente de expulsión a una ‘sin papales’ cuando denuncie sufrir malos tratos o ser víctima de trato. Además, se amplía la protección a hijos y a familiares a cargo y un permiso de residencia hasta la resolución del caso.